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Se salvan de perder su investidura 12 congresistas por «micos» colgados a fallída reforma a la justicia

congreso grande–El Consejo de Estado dejó en firme la investidura de 12 congresistas –6 senadores y 6 representantes a la Cámara–, a los cuales se les había responsabilizado de los «micos» que le incluyeron a la fallída reforma a la justicia tramitada en el 2012.

Los parlamentarios que salvaron su curul, al ser absueltos por el alto tribunal, son los senadores Jesús Ignacio García, Luis Fernando Duque, Eduardo Enríquez, Juan Manuel Corzo, Juan Carlos Restrepo y Martín Emilio Morales y los representantes a la Cámara Alejandro Chacón, Orlando Velandia, Germán Varón, Carlos Edward Osorio, Roosvelt Rodríguez y Gustavo Puentes.

Estos doce congresistas, que actuaron como conciliadores de la reforma a la justicia que se hundió en el 2012, habían sido demandados por supuestamente haber incurrido en conflicto de intereses y tráfico de influencias al legislar a favor suyo con la inclusión de una serie de artículos en la enmienda judicial.

Las demandas fueron radicadas de manera separada, pero el alto tribunal decidió acumularlas en un solo expediente y al final, tras las explicaciones dadas por los afectados, determinó que no incurrieron en dichas causales y que por lo tanto quedaban absueltos y firmes en sus curules.

El tribunal salvó la investidura de los congresistas al aprobar por 18 votos a favor y tres en contra la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, quien consideró que los errores encontrados en la conciliación no eran suficientes para destituir a los representantes y senadores.

En su momento, la reforma a la justicia– un acto legislativo presentado por el gobierno– fue aprobada por el congreso luego de dos años de discusión, el 20 de junio de 2012.

La aprobación y luego la conciliación entre Senado y Cámara, se calificó como «una verguenza», por los «micos» que se le incluyeron, pues, entre otras cosas, por un lado «blindaba» a los congresistas implicados en el escándalo de la parapolítica y, por otra parte, beneficiaba a los magistrados con gabelas como el aumento de su periodo de ocho a 12 años.

Igualmente acababa con la Comisión de Investigación de la Corte Suprema, que había sido clave para el desarrollo de los procesos de la parapolítica y dejaba en el limbo 1.300 investigaciones de altos funcionarios en casos de tanta resonancia como el de las chuzadas del DAS, Agro Ingreso Seguro y la Yidispolítica. Además, los que estaban presos podrían quedar libres.

Como si fuera poco, en la conciliación de los textos aprobados por el Senado y por la Cámara de Representantes se incluyeron nuevos beneficios para los congresistas.

Del trámite conciliación fue excluido el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra a quien los conciliadores solicitaron estar presente únicamente al inicio de la reunión para exponer sus ideas acerca de cómo debería quedar el texto, y al final, Esguerra estuvo de acuerdo con esta determinación de los congresistas e incluso los felicitó y les agradeció luego de que aprobaron la reforma.

El texto final fue aprobado por la plenaria del Congreso y firmado por Juan Manuel Corzo y Simón Gaviria, presidentes del Senado y de la Cámara respectivamente.

La Reforma a la Justicia fue votada en forma negativa únicamente por las bancada del Polo Democrático Alternativo y del Movimiento MIRA, el representante de Afro Vides, parte de la bancada del Partido Verde y algunos congresistas del Partido Liberal y el Partido de la U.

Debido a la presión ejercida por la opinión pública, el presidente Juan Manuel Santos decidió objetar su aprobación y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias con el fin de revocarla. Finalmente, el día 28 de junio de 2012 el Congreso decidió hundir el proyecto de acto legislativo que había sido aprobado.

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