Corte Constitucional estudiará tutela que pide revocatoria de mandato a Gustavo Petro

febrero 27, 2015 9:34 am

petroCon ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, en la que argumenta que no existen razones jurídicas para que la Registraduría hubiera cancelado el proceso de revocatoria del mandatario, la Corte Constitucional estudiará la tutela presentada por la togada con la que pide convocar a un proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El alto tribunal en su sala de revisión de tutelas deberá definir si acepta o no la ponencia de la magistrada, la cual va en sentido de revivir el trámite de la revocatoria en un plazo máximo de dos meses.

De acuerdo con la magistrada Ortiz “No se le puede limitar o restringir a los bogotanos su derecho a participar en este tipo de convocatorias”.

Por otra parte, el Consejo de Estado decidirá en los próximos días si mantienen o no las medidas cautelares que tienen en su cargo al actual mandatario de los bogotanos.

El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación anunció la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por irregularidades que se presentaron a la hora de definir el nuevo esquema de aseo de Bogotá, en hechos presentados hace un año.

La sanción tuvo relación con el manejo y la contratación que se dio para que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá asumiera la prestación del servicio público de aseo, sin tener en cuenta que esas empresas no contaban con la experiencia y la infraestructura para ello.

El Ministerio Público encontró responsable al alcalde Petro de tres faltas disciplinarias y señaló que se encontró probado que el alcalde de “manera libre, consciente y voluntaria” tomó las decisiones sobre el nuevo modelo de basuras que terminaron en una grave emergencia los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012.

Ordóñez afirmó que en este proceso se vulneraron los derechos a la libre empresa por que se impidió de manera deliberada que otros operadores distintos al Distrito, recogieran los desechos.

La determinación también tiene que ver con que se haya hecho una “deliberada improvisación” en la compra y alquiler de vehículos compactadores y que se hayan utilizado volquetas para recoger los residuos.

De acuerdo con la Procuraduría, en los tres días se dejaron de recoger 9 toneladas de basuras, hechos que se hubieran podido evitar si se hubieran tenido en cuenta recomendaciones sobre el nuevo esquema que habían hecho la Superintendencia de Industria, la de Servicios Públicos y la misma Procuraduría.

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