En sesión extraordinaria citada para hoy por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, cuestionado por un caso de supuesta corrupción al exigir dinero para favorecer fallos resolutorios de tutelas, especialmente en una por la cual el magistrado habría pedido 500 millones de pesos para lograr que la Corte fallara a favor, se definirá la situación del presidente y su continuidad al frente de la entidad.

Para varios jueces y magistrados lo más sensato en que Pretelt, guarde distancia de la corporación mientras se adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho que empaña el buen funcionamiento de la Corte Constitucional.

María del Pilar Arango presidente de La Corporación de Jueces y Magistrados, considera que el presidente, debería retirarse de su cargo.

«Que se investigue ese escándalo (…) pero hasta que no se determine qué es lo que pasa, debería apartarse de su cargo como Presidente de la Corte Constitucional», sostuvo Arango.

Además, la presidenta de la Corporación insistió que en este caso, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde se adelanta la investigación, «debería ponerse las pilas e investigar lo más rápido posible el caso».

En una carta a la misma Comisión de Acusaciones de la Cámara, ante la cual fue acusado, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, negó haber recibido el soborno denunciado por su colega Mauricio González.

De acuerdo con González, el hecho de corrupción se produjo dentro del proceso de revisión de una tutela a favor de la fiduciaria Fidupetrol.

Sin embargo, Pretelt sostuvo que “jamás participó en la selección de la referida tutela y jamás defendió los intereses del accionante en este caso” y que además voto en contra, negándose a las pretensiones del abogado Víctor Pacheco.

La carta radicada por el presidente de la Corte Constitucional ante la Comisión de Acusación, pide que se le investigue y se aclare su situación.

Otros jueces también se pronunciaron y mostraron su preocupación por la corrupción dentro de las altas cortes, «pues es preocupante que una corporación de tan alto prestigio y que ha dejado tan bien parado a nuestro país, incluso en escenarios internacionales, se vea manchada por una situación semejante».

Se conoció este viernes en la tarde, que el magistrado Mauricio González radicó en el Congreso una denuncia contra Jorge Pretelt, actual presidente de la Corte, por un caso de supuesta corrupción, al descubrir que exigió la suma de 500 millones de pesos para fallar a favor en una tutela.

De acuerdo a un documento, el abogado Víctor Pacheco ratificó ante el mismo González y ante dos de sus colegas la versión de los hechos. Según lo manifestado, se habla de una supuesta cita con el magistrado Pretelt en su residencia en el norte de Bogotá en la que, aseguró, le pidieron 500 millones de pesos para que la Corte fallara a favor de Fidupetrol, firma que él representaba, en una tutela que pretendía tumbar un fallo de la Corte Suprema.

Ese fallo, contra el gobernador de Casanare, Whitman Herney Porras, obligaba a Fidupetrol a responder por 22.500 millones de pesos que el mandatario seccional, condenado por corrupción, invirtió de manera ilegal en la comisionista.

De acuerdo con la versión del abogado Pacheco, fue el presidente Pretelt quién lo invitó a su casa a mediados del año pasado y le aseguró que la tutela podría salir adelante si se le pagaban 500 millones de pesos al magistrado ponente, que era Mauricio González.

Por su puesto, el abogado Pacheco no aceptó la inusual propuesta. En todo caso, la ponencia de la tutela fue negativa y la Sala Plena de la Corte, incluido Pretelt, apoyó el proyecto de fallo de González y dejó en firme la condena expedida por la Corte Suprema.

Frente a los hechos, el magistrado Gonzáles se comunicó con Pacheco y concertaron una cita personal, que se cumplió en la primera semana de febrero, en Cartagena, y allí repitió su versión en los mismos términos.

Fuentes aseguran que desde el primer momento, cuando fue confrontado por González, Pretelt negó los hechos. Pero admitió que conoce al abogado Pacheco y que este ha visitado su residencia y tuvo con él una relación de amistad.

Este hecho podría considerarse como uno de los mayores escándalos en los casi 25 años de historia de la Corte Constitucional.

Este polémico caso quedará en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara, quién será el ente que determine si los hechos narrados por el abogado Pacheco corresponden a la verdad.