Después de que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunciara la de decisión de disminuir la sanción al superintendente financiero Gerardo Hernández por el caso del desfalco a la comisionista de bolsa Interbolsa, de 12 años a 10 meses, este último aseguró que acatará el fallo, pero que acudirá ante el Consejo de Estado para ejercer su derecho a la defensa.

“Con la seguridad de haber actuado conforme a la ley y oportunamente para garantizar la protección de los inversionistas (…) se hará uso del derecho constitucional a la defensa ante el Consejo de Estado una vez se notifique y conozca en su totalidad el fallo”, dijo el superintendente en un comunicado.

Además señaló que “Como ha sido tradición de la superintendencia Financiera de Colombia y del Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, a lo largo de su carrera como servidor público, respetan y acatan las decisiones tomadas por los organismos de control”.

Hace unos meses el fallo de primera instancia de la Procuraduría, había inhabilitado por 12 años a Hernández, al considerar que el superfinanciero, en su ejercicio, incurrió en una falta grave porque debió supervisar lo que sucedía con las acciones de InteBolsa y haber evitado los perjuicios para los inversionistas.

Por otra parte, hoy un juez emitió orden de captura en contra del reconocido inversionista Víctor Maldonado, quien se encuentra fuera del país y es señalado de ser uno de los cerebros que fraguó el descalabro de Interbolsa.

De igual forma la Fiscalía solicitó a la a Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitir circular roja para que se proceda a su búsqueda y captura en cualquier parte del mundo en donde se encuentre.

“Maldonado y el empresario Alessandro Corridori fueron los principales beneficiarios de esas maniobras. Gran parte de los recursos de los inversionistas del Fondo Premium fueron a parar a sus empresas”, dijo la fiscal del caso Fondo Premium.

El inversionista había sido citado para realizar la imputación de cargos la semana pasada pero no asistió.

En la Procuraduría ya fueron sancionados por este caso Rosita Barrios, superintendente delegada adjunta para supervisión de riesgos y conductas de mercado y Diego Mauricio Herrera, superintendente delegado de riesgos de mercado.