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Fiscalía emitió informe sobre Carrusel de la Contratación en Bogotá, Cesar y Nariño

carrusel de contratosLa Fiscalía presentó los principales resultados de las investigaciones realizadas para esclarecer el llamado Carrusel de la Contratación en Bogotá, Cesar y Nariño, en las que según el informe emitido, en la Unidad de Mantenimiento Vial se cometieron presuntas irregularidades para favorecer a una empresa del gobernador Álvaro Cruz; un posible enriquecimiento ilícito en el caso Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por lo cual citó a indagatoria al exsenador Iván Moreno Rojas; así como el llamamiento a interrogatorio al abogado Álvaro Dávila Peña por presunta entrega de comisiones a funcionarios públicos y solicitud de dinero a diferentes contratistas de la malla vial para la misma época en donde se hicieron los contratos del Grupo Nule y del excontratista Julio Gómez, entre otros.

En cuanto al caso del gobernador Cruz, el Vicefiscal General (e), José Vicente Valbuena, explicó que “la empresa ICM se encargaba de la entrega de asfaltos y pavimentos a la Unidad de Mantenimiento Vial para el reparcheo en las calles”.

El ente acusador manifestó que en el caso de la Unidad de Mantenimiento Vial, el actual gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, fue citado a interrogatorio para esclarecer algunas

Por otra parte, explicó que frente a un posible enriquecimiento ilícito en el caso Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), según un envío de copias del proceso por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue citado a interrogatorio el exsenador Iván Moreno Rojas.

También, dijo el funcionario, “se llamará a interrogatorio al abogado Álvaro Dávila Peña por presuntas irregularidades o entrega de comisiones a funcionarios públicos y solicitud de dinero a diferentes contratistas de la malla vial para la misma época en donde se hicieron los contratos del Grupo Nule y del excontratista Julio Gómez”. Estos contratos tienen un valor aproximado de 100 mil millones de pesos.

Por otra parte Valbuena dio a conocer que en la Gobernación del Cesar se formulará imputación y se solicitará medida de aseguramiento contra dos contratistas y dos funcionarios de la Gobernación por las irregularidades en la pavimentación de vías entre Valledupar y Sabaneta. “Se establecieron perdidas alrededor de los 2.000 millones de pesos, razón por la cual se imputaran cargos al entonces Secretario de Infraestructura y al Supervisor de Obras de la ciudad, así como a contratistas contratistas de la Unión Temporal Sabaneta.

En el sur del país también se tomaron decisiones al respecto. “Tenemos adicionalmente imputaciones en la ciudad de Ipiales para el entonces alcalde Hernán Gustavo Estupiñán Calvache y Javier de la Carrera Bravo, exsecretario de Planeación, por el contrato del diseño y construcción del Centro Comercial Popular Municipio Ipiales, por un valor aproximado de 2.400 millones de pesos” dijo el funcionario.

Valbuena entregó además un balance de las principales actuaciones de la Fiscalía en diversos casos de corrupción administrativa, que en total suman 20 condenas, 41 imputaciones, 23 medidas de aseguramiento, 103 personas vinculadas, 98 investigaciones en curso, 84 mil millones de pesos en bienes incautados y 37 procesos de extinción de dominio.

Por las irregularidades en la contratación de las obras de la fase III de Transmilenio (calle 26), la malla vial local y los contratos de valorización  del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, y por la entrega de comisiones a funcionarios públicos y particulares la Fiscalía logró las condenas de:

-Manuel,  Miguel y Guido Nule y Mauricio Galofre, contratistas: Dos condenas, una por 14 y otra por 8 años de prisión por peculado, concierto para delinquir, cohecho.

-Julio Gómez, contratista: 10 años de prisión por peculado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Multa: cercana a los 4.500 millones de pesos.

-Inocencio Meléndez y Luis Eduardo Montenegro, exsubdirectores del IDU, 7 y 6 años de prisión respectivamente por interés indebido en celebración de contratos, prevaricato y otros delitos. Multa: 92 y 85 millones de pesos.

-Francisco Rojas Birry, expersonero distrital, 8 años de prisión por cohecho al recibir comisiones para evitar los controles disciplinarios. Multa: 54 millones de pesos.

La Fiscalía adelanta también los juicios al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, acusado por concierto para delinquir, peculado por apropiación y cohecho entre otros; la exdirectora del IDU Liliana Pardo y excontralor Miguel Moralesrussi, así como a otros ocho directivos de la entidad. Asimismo, se acusó al abogado Álvaro Dávila y se vinculó penalmente al contratista Emilio Tapia Aldana.

Respecto a la entrega de comisiones de contratistas a funcionarios por los contratos de suministro de asfalto y pavimentación, correspondientes a la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial, el Vicefiscal (e) se refirió a las condenas de:

-Iván Hernández Daza, exdirector de dicha entidad: 3 años de prisión por cohecho impropio. Hernández Daza hizo una devolución de 150 millones de pesos.

-Andrés Camacho Casado, exconcejal de Bogotá: 5 años de prisión por cohecho impropio y a una multa de 50 millones de pesos. 350 millones fueron entregados por el condenado.

-Orlando Parada Díaz, exconcejal de Bogotá y condenado por tráfico de influencias y cohecho. La pena y la multa en este caso están por fijarse.

Además de las órdenes de capturas vigentes y citaciones para interrogatorio a otros funcionarios y contratistas por este caso, se encuentra citado a interrogatorio el Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas.

Por la entrega de comisiones e irregularidades en el Contrato 1229 de 2009, conocido como el de prestación de servicio de ambulancias de la Secretaría de Salud Distrital, fueron condenados:

-Héctor Zambrano Rodriguez, exsecretario de Salud Distrital: 13 años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio por recibir comisiones de los contratistas… Pena por fijar.

Hipólito Moreno Gutiérrez, exconcejal: 6 años de prisión por cohecho e interés indebido en la celebración de contrato por recibir comisiones, Multa: 64 millones pesos.

Federico Gaviria Velásquez, consultor: 3 años de prisión por interés indebido en celebración de contratos. Multa: 28 millones de pesos.

Francisco Rojas Birry, expersonero Distrital: 8 años por el delito de cohecho al recibir comisiones para evitar los controles. Multa: 54 millones de pesos.

Por este caso están acusados el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas por cohecho e interés indebido de contratos, el excontralor distrital Miguel Morales Russi, el exconcejal Wilson Duarte. También se ha vinculado a los exconcejales Jorge Ernesto Salamanca y Omar Mejía Báez.

En el caso de la Secretaría de Integración Social y las irregularidades en los contrato 1982  de 2009 y contrato 3664 de 2009, de suministro y distribución de la canasta de alimentos, las condenas son:

-Mercedes del Carmen Ríos, exsecretaria de Integración Social, por interés indebido en la celebración de contratos y favorecimiento por favorecer a los contratistas del grupo Torrado. Pena y multa por fijar.

La Fiscalía según un informe del Vicefiscal adelanta para este caso investigaciones contra los miembros del grupo Torrado y  por la posible participación de funcionarios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).