La Defensoría del Pueblo denunció que el derecho a la salud de la población privada de la libertad en los departamentos de Meta y Antioquia está siendo vulnerado de manera sistemática por parte de Caprecom y la unión temporal UBA-Inpec.

Luego de visitas de funcionarios de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria a los establecimientos de reclusión de El Pedregal, Bellavista e Itagüí, en Antioquia, y de Villavicencio, Acacías y Colonia Agrícola, en Meta, los funcionarios encontraron que los internos no cuentan con la atención médica adecuada e incluso es inexistente.

Por ejemplo, en la en la cárcel de Acacías, en donde hay una población de 2.600 internos, solo cuenta con los servicios de un médico que incluso asiste en ocasiones porque no recibe el pago de sus honorarios. Situación similar se presenta en las cárceles de Antioquia, en donde, además no hay sistematización de las historias clínicas, no se tienen medicamentos, se desacatan las tutelas en salud y hay irregularidades en la asignación de citas porque son los mismos internos los que eligen a quién se debe atender.

Los funcionarios de la Defensoría también establecieron que Caprecom entrega información contraria a la realidad en cuanto a sus servicios, porque se encontró que en la cárcel de El Pedregal, por ejemplo, se indica que cuenta con un auxiliar de bacteriología, lo cual no es cierto; y que en La Paz, de Itagüí, hay dos médicos y cuatro auxiliares de enfermería, cuando se constató que solo hay un médico y dos auxiliares de enfermería.

A esta preocupante situación se suma que los procedimientos quirúrgicos ambulatorios, a través de unidades móviles, no han sido realizados ni se han adoptado medidas para el efectivo cumplimiento de dicha obligación contractual.

El estudio de la Defensoría también concluye que la contratación con la unión temporal UBA no ha significado una mejora en la atención en salud a la población privada de la libertad que era el propósito de la contratación y que, incluso, Caprecom ni siquiera ha cumplido con las acciones de tutela falladas por los jueces a favor de los internos afectados por el incumplimiento en los servicios de salud.

Debido a esta situación, la Defensoría reiteró la urgente necesidad de regular la atención en salud de la población reclusa conforme al modelo previsto en la Ley 1709 de 2014. Además, la Entidad instó al Ministerio de Justicia y del Derecho a que realice visitas de inspección y seguimiento a las cárceles de los dos departamentos, así como al Inpec y a Caprecom a que presenten un informe mensual sobre la prestación de servicio de salud en los 31 establecimientos acogidos en el contrato con la UBA-Inpec.

Por último, la Entidad instó a Caprecom a que se tenga disponibilidad y permanencia de la atención médica las 24 horas del día en todos los centros penitenciarios que hacen parte del contrato antes citado.