–La Procuraduría General de la Nación solicitó hoy al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, informar sobre la justificación legal que tuvo para adelantar la reapertura de la precalificación de firmas en la venta de la empresa energética ISAGEN.

En una carta enviada a través de su Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Función Preventiva, el Ministerio Público advierte que la jurisprudencia establece que la administración está obligada a expresar los motivos en que fundamenta sus decisiones y a establecer la correspondencia entre los hechos y las consideraciones jurídicas contenidas en el acto administrativo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha ya existen inversionistas precalificados y que en el reglamento de segunda etapa dentro del programa de enajenación de las acciones ordinarias de propiedad de la Nación en ISAGEN no se encuentra regulado el proceso de precalificación adicional.

Subraya que «es claro que si bien el proceso de enajenación se lleva a cabo bajo el régimen privado, cualquier acto administrativo impone la obligación de ser motivado, al menos en forma sumaria si afecta a particulares, de acuerdo a lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De igual forma se indica que es importante sustentar los aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es del caso».

Finalmente, la Procuraduría señala que la petición se formula a la cartera de Hacienda en desarrollo de una acción preventiva y de control de gestión que se adelanta de acuerdo a lo consagrado en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 24 del Decreto 262 de 2000.