El tribunal que sigue el caso contra el excomandante paramilitar Jorge Tovar Pupo, alias «Jorge 40», acusado de narcotráfico y de liderar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), consideradas por EE.UU. una organización terrorista, decidió aplazar la sentencia que tenía previsto dictar este miércoles.

La defensa de «Jorge 40» presentó una moción de última hora para que el juez, Reggie Walton, desestime el caso, abierto en un tribunal de Washington desde 2007 bajo un estricto secreto del sumario, informaron fuentes jurídicas a un reducido grupo de periodistas.

«Nada puede ya sorprenderme a estas alturas. Todas las opciones están abiertas», subrayó a la salida de la Corte del Distrito de Columbia el abogado David Zapp, que ejerció la defensa de «Jorge 40» los primeros nueve meses del proceso y luego ha seguido el caso como asesor legal.

El Gobierno de Estados Unidos, que desempeña el papel de la Fiscalía, pide para el exparamilitar 30 años de prisión y el pago de una multa de un millón de dólares, según su escrito de conclusiones finales para pedir la sentencia.

El jefe de la División Criminal de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, Arthur Wyatt, pone de relieve en su escrito la «extraordinaria» cantidad de cocaína cuya producción y tráfico estaba bajo el amparo de «Jorge 40», y que cifra en al menos 1.500 kilogramos entre 2002 y 2005.

Además, destaca que el colombiano ejercía una posición de liderazgo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una agrupación que el Departamento de Estado declaró como terrorista en diferentes periodos y a la que se considera en el escrito como «una de las mayores organizaciones de tráfico de cocaína».

En concreto, el Departamento de Justicia detalla que el acusado se integró en 1996 en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), fundadas hace tres décadas por Carlos Castaño y su hermano Fidel para luchar contra los grupos guerrilleros Farc y Eln.

En 1997, Castaño fundó a partir de las ACCU, las Autodefensas Unidas de Colombia de las que Tovar Pupo acabaría siendo uno de sus principales líderes al hacerse cargo en 1999 del Bloque Norte y dirigir las actividades de los paramilitares en el Departamento del Cesar, al noreste del país, según el escrito.

«En la región controlada por el acusado vivían personas que se dedicaban a cultivar, procesar, fabricar y transportar cocaína», asegura el Departamento de Justicia, que destaca que Tovar Pupo impuso a los campesinos el pago de impuestos por el cultivo de cocaína y recibió sus beneficios entre 2002 y 2005.

«Las fuerzas bajo mi mando liberaron gran cantidad de territorio y fueron las fuerzas que devolvieron al Gobierno las áreas más grandes que quedaron libres del conflicto», declaró el acusado durante el proceso, según recoge el escrito del Departamento de Justicia.

En su declaración, Tovar Pupo estimó que había llegado a tener bajo sus órdenes a un máximo de 5.000 hombres y aseguró que, en 2002 y 2003, fue cuando las Autodefensas obtuvieron mayores beneficios porque el mando central las autorizó a imponer un «impuesto de guerra» a los narcotraficantes que operaban en sus territorios.

El 11 de marzo de 2006, en el marco de acuerdos entre las AUC y el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe, «Jorge 40» se desmovilizó junto con 4.759 personas, entre las que se encontraban 523 mujeres, que entregaron entonces 1.087 armas.

Tovar Pupo está vinculado con al menos 300 asesinatos, y está acusado de ser el presunto inductor de cientos de secuestros y numerosas matanzas de campesinos e indígenas en la costa caribeña, área de influencia del Bloque Norte de las AUC.

Además, se le considera una de las piezas clave del llamado escándalo de la «parapolítica», por el que más de 60 políticos colombianos, entre ellos una treintena de parlamentarios oficialistas, fueron detenidos al descubrirse que estaban vinculados con organizaciones paramilitares.