–Dos haciendas de más de 240 hectáreas, de propiedad del controvertido magistrado Jorge Pretel Chaljub y de su esposa Martha Ligia Patrón, fueron congeladas por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, mientras se realiza la investigación para establecer si fueron o no adquiridas ilegalmente por la pareja en la zona del Urabá antioqueño.

La medida fue adoptada por el tribunal judicial aceptando la petición que en este sentido le formuló la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta denuncias y demandas de restitución entabladas por 137 familias campesinas, las cuales aseguran que las tierras en poder del magistrado fueron despojadas o vendidas a bajo costo bajo la presión de los grupos paramilitares.

Las tierras congeladas y que no podrán ser negociadas o vendidas por el magistrado Pretel y su esposa, corresponden a 243 hectáreas de las otrora fincas «No hay como Dios» y «Alto Bonito» y que actualmente integran la hacienda denominada «La Corona».

A propósito del tema, la esposa de Pretelt, Martha Ligia Patrón López, está citada para este martes a una diligencia de interrogatorio por las presuntas irregularidades en la compra de las dos fincas en la zona del Urabá antioqueño entre los años 2000 y 2003.

De acuerdo con las familias que reclaman la propiedad de estos terrenos, un cabecilla de los grupos paramilitares de nombre Evelio Díaz, más conocido con el alias de “el Burro”, fue quien negoció en el año 2000 los predios la esposa de Pretelt, Martha Ligia Patrón, quien actualmente es funcionaria de la delegada para Infancia y Familia de la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, el magistrado a través de su cuenta en Twitter reiteró en los últimos dias que no adquirió tierras de manera irregular en el Urabá antioqueño y pidió al fiscal general, Eduardo Montealegre, rectificar esa versión.

“Fiscal Montealegre, rectifique. Quienes adquirieron los predios han reconocido que se vendieron voluntariamente y a un precio justo”, reseñó Pretel.

El negocio de tierras de Pretel salió a la luz pública tras el escándalo que estalló en la Corte Constitucional alrededor del trámite irregular de una tutela para beneficia a la empresa Fidupetrol.