–“Si con el secuestro de un general se suspendió el proceso, ¿qué se deberá hacer con la muerte de 11 soldados de la Patria?», preguntó el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado desde la ciudad de Medellín, donde presidió una jornada de regionalización y Ley de Víctimas organizada con personeros municipales de cinco departamentos y autoridades locales.

El secuestro al que hizo referencia el jefe del ministerio público es el del general Rubén Darío Alzate Mora, ocurrido el 16 de noviembre del año pasado en el caserío Las Mercedes, en jurisdicción de la ciudad de Quibdó, capital del Chocó, hecho por el cual el presidente Juan Manuel Santos suspendió las conversaciones de La Habana y ordenó el retorno al país de los negociadores del gobierno. El oficial fue liberado 14 días después, junto con el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego y el jefe del Estado reanudó los diálogos con las Farc.

“Creo que la suspensión de bombardeos no debe producirse antes de firmarse un acuerdo. El cese bilateral que se pretende es un espacio que ha utilizado las FARC, que lo está utilizando, para generar en sus campamentos escenarios blindados a efectos de planear desde allí atentados”, expresó Ordoñez Maldonado.

El procurador calificó como “un acto de ingenuidad” el no desplegar todas las acciones militares posibles en contra del grupo terrorista y consideró que el engaño de esa organización criminal al señor presiente de la República ha costado la vida de once miembros del Ejército Nacional.

“Si con el secuestro de un general se suspendió el proceso, ¿qué se deberá hacer con la muerte de 11 soldados de la Patria?”, preguntó.

Agregó que “el ‘desescalamiento’ del conflicto, se ha demostrado, fue aprovechado por las FARC para engañar al presidente y para continuar con las acciones contra las Fuerzas Militares y contra la población civil, incluso para incrementarlas”.

En su intervención en este evento, el jefe del órgano de control reiteró que la Procuraduría General de la Nación radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca la prórroga del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas y Restitución de Tierras), de manera que quienes se consideren víctimas por hechos ocurridos antes del 10 de junio de 2011, tengan un año más para poder rendir su declaración ante el Ministerio Público.

Dicho plazo se cumple el próximo 10 de junio.

“Este organismo de control insta al Gobierno Nacional para que se envíe mensaje de urgencia al Congreso para el trámite de dicha iniciativa. De ser aprobado por el Congreso, se brindarían prontas y definitivas soluciones a estas comunidades y personas, algunas de las cuales no cuentan con la suficiente información, conocimiento, orientación y acceso a las garantías de las que son titulares conforme a la ley”, manifestó.