Política

Alto Tribunal negó tutela que buscaba tumbar condena contra Andrés Felipe Arias

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Este martes la Sala de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional rechazó una tutela presentada por el suegro del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias que buscaba tumbar el fallo emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El Alto Tribunal argumentó que el accionante no funge como un agente oficioso del Estado puesto que el condenado no tiene ningún impedimento para presentar la tutela. También consideró que al ser prófugo de la ley no cumple con los requisitos para presentar la tutela.

El suegro del exministro de Agricultura argumentó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había vulnerado el debido proceso en el juicio que se le adelantó por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

De acuerdo al Alto Tribunal, hay pruebas documentales y testimoniales que permiten establecer que el exministro incurrió en una falta penal al no celebrar licitación pública para la entrega de multimillonarios subsidios agrícolas, y en vez de esto, le entregó esta competencia de manera directa con el IICA.

“El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural al celebrar los convenios desconoció los principios rectores de la función pública y de la contratación estatal, en especial los de planeación, transparencia, economía y responsabilidad”, afirmó el Alto Tribunal.

A lo anterior agregó: “Andrés Felipe Arias Leyva actuó con completo conocimiento de la ilegalidad de su conducta puesto que siempre tuvo una activa participación y conocimiento en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del denominado programa bandera del Ministerio de Agricultura desde el principio”.

Para el Alto Tribunal, el exministro Siempre tuvo una intervención permanente y directa en la intervención y desarrollo de estos convenios, así como las convocatorias presupuestales para el manejo de los subsidios. Además de vulnerar los principios de transparencia, publicidad, rectitud, entre otros, que exige la ley para la contratación pública.

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