Ante el Juzgado 36 Penal de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, falsedad material en documento público y fraude procesal a los cabecillas de una organización criminal dedicada a desfalcar al Estado mediante el cobro de prestaciones sociales como incapacidades laborales o pensiones de forma ilícita al Ejercito Nacional.

De acuerdo con el fiscal del caso, la organización delictiva se habría apropiado de cerca de 24 000 millones de pesos mediante la elaboración de conceptos médicos y pensiones de servidores y trabajadores de las Fuerzas Militares en las ciudades de Medellín (Antioquia), Neiva (Huila) y Bogotá, entre otras.

Entre los procesados, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario el sargento primero Miguel Ángel Díaz Artunduaga, como presunto responsable de delito de cohecho propio.

De la misma manera fue llevado a prisión el sargento primero Jorge Holger Contreras Lizcano, como posible responsable de cohecho propio por considerarse que sería el encargado de informar los movimientos presupuestales de la oficina de prestaciones sociales de la institución.

De otro lado, fue remitido a un centro carcelario el sargento viceprimero Juan Carlos Peña Correa, a quien le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y fraude procesal, toda vez, que sería el encargado de escanear conceptos médicos fraudulentos para las juntas médicas que aprobaban las pensiones o indemnizaciones por pérdida de incapacidades superiores al 75%.

Otros de los procesados enviados a centros penitenciarios son Oscar Javier Camacho, quien ostenta el rango de sargento segundo, el cual fue señalado de ser el presunto responsable de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y fraude procesal. Asimismo, el sargento segundo Omar Norberto Moreno por cohecho propio.

Entre tanto, fue cobijada con detención domiciliaria la sicóloga Graciela Marín Trujillo, quien al parecer era la emitía los conceptos médicos con porcentajes de incapacidad laboral superiores al 75 % y obtener así el pago de las indemnizaciones.

Los otros involucrados no aceptaron los cargos y deberán continuar sometidos a los procesos penales y dispuestos a comparecer a los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación.