–El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez denunció que abogados y políticos locales, interesados en las próximas elecciones, intentan sacar provecho del drama de las familias que perdieron sus viviendas y a sus seres queridos por la avalancha de la quebrada «La Liboriana» en el municipio de Salgar, en el suroeste del departamento de Antioquia.

Otalora Gómez denunció también que ciudadanos «avivatos», sin tener ninguna relación con lo ocurrido en Salgar, han tratado de obtener auxilios y sacar otros beneficios haciéndose pasar como damnificados de la tragedia.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo recomendó apelar al control cívico y realizar las denuncias correspondientes ante los organismos de control.

Otalora Gómez realizó una visita humanitaria a la zona de desastre con el propósito de hacer seguimiento a las ayudas ofrecidas en beneficio de las personas afectadas por la avalancha que el pasado 18 de mayo, la cual deja ya 88 muertos, de acuerdo con el último reporte de los organismos de socorro que intervienen en las operaciones de búsqueda y rescate..

En desarrollo de esta acción, el funcionario sobrevoló el área devastada en la vereda Las Margaritas y sostuvo una reunión con la alcaldesa local y delegados de la Procuraduría, con el fin de concretar un cronograma de actividades de vigilancia al cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar las necesidades de los damnificados y superar la emergencia.

Al cabo de un recorrido por algunos de los barrios más impactados en el casco urbano, Otálora Gómez formuló las denuncias sobre la presencia de abogados y políticos locales, interesados en las próximas elecciones, y que intentan sacar provecho del drama de las familias que perdieron a sus seres queridos.

A este respecto recordó que la asesoría jurídica de la Defensoría es gratuita y está al servicio de las personas afectadas por esta tragedia.

Finalmente, luego de visitar uno de los albergues operados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Otálora Gómez reiteró el mensaje solidario de la institución con la comunidad de Salgar y anunció que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión con autoridades nacionales para asegurar el acompañamiento del Estado a los dolientes y damnificados por la avalancha.

LA PROCURADURIA

A su turno, la Procuraduría General de la Nación anunció que desplazó en las últimas horas un nuevo equipo del Ministerio Público a la zona de la avalancha para atender a la población víctima.

Encabezada por el procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, Carlos Augusto Mesa Díaz, la comisión de trabajo refuerza la acción preventiva a fin de apoyar y articular las gestiones adelantadas por los gobiernos nacional, departamental y local, con el propósito de garantizar los derechos de la comunidad afectada por el fenómeno natural.

La Procuraduría reiteró su disposición de apoyar la gestión adelantada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como el compromiso en realizar seguimiento oportuno a las actuaciones adelantadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en materia de servicio de acueducto y saneamiento básico.

Igualmente, solicitó información al Fondo de Adaptación sobre las labores adelantadas para la mitigación del riesgo en la quebrada La Liboriana, según anuncios realizados por el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado solicitó al Gobierno Nacional implementar las medidas que permitan armonizar las normas que actualmente rigen los procesos de reasentamiento, en pro de garantizar los derechos de las víctimas de la avalancha en Salgar (Antioquia) bajo los preceptos del Estado Social de Derecho.

Lo anterior ante el hecho de que en la actualidad las normas que rigen los programas de vivienda de interés social (“viviendas gratuitas”) contemplan parámetros que podrían impedir la oportuna atención a los damnificados.

Además de la verificación al cumplimiento de los cronogramas que se establezcan para la pronta superación de la crisis y la plena garantía a los derechos de los damnificados, la Procuraduría recuerda nuevamente la necesidad de contar con un ordenamiento del territorio que garantice la no repetición de tragedias como la ocurrida en Salgar, para lo cual se realizó reglamentación a través del Decreto 1807 de 2014 y el Artículo 189 del Decreto 019 de 2012.

El jefe del Ministerio Público exhortó a las autoridades locales frente a la necesidad de implementar lo correspondientes en sus planes de ordenamiento territorial.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su solidaridad con las víctimas de la avalancha en Salgar (Antioquia) y notificó que permanecerá junto a ellas, el tiempo que sea necesario, en cumplimiento de sus funciones constitucionales de defensa y garantía de los derechos fundamentales.