Por iniciativa de la senadora Teresita García Romero se llevó a cabo el primer conversatorio, denominado “Las Mujeres Alzan su Voz, teniendo en cuenta la conmemoración del “día por la dignidad de las mujeres víctimas de la violencia sexual, en el marco del conflicto armado”, promovido por la periodista y activista Jineth Bedoya, afectada por este flagelo.

En la instalación del acto la senadora dijo que en Colombia están vigentes leyes que protegen a las mujeres víctimas de violencia sexual como la 1719 de 2014 que tipifica este delito como crimen de guerra y de lesa humanidad y lo convierte en imprescriptible y además adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas; y la 1448 de 2011 que establece la reparación para los delitos de violencia sexual y busca garantizarles el derecho a la justicia que reclaman, evitando la impunidad y asegurando la reparación.

“Tenemos leyes que pueden ayudar a las afectadas, sin embargo, sabemos que hay muchos vacíos en ellas que deben revisarse. Por ejemplo, las guerrilleras obligadas a abortar también deberían estar incluidas allí, porque al igual que las civiles son mujeres y claramente este escenario no está contemplado en la legislatura”.

La congresista preguntó a los representantes de las diferentes autoridades, la efectiva aplicación de las leyes o cuáles son los obstáculos que existen después de cometido el delito, para que la reparación de víctimas no se esté dando manera eficaz.

La subdirectora Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios de la Fiscalía General de la Nación, Digna Isabel Durán Murillo, en su intervención anunció que esa entidad ha avanzado en el mejoramiento de las rutas de atención y protocolos de acceso de la justicia, para que estas lleguen a poblaciones históricamente aisladas. Hay jornadas de atención, en regiones de mayor población afro o indígenas. Agregó que existe un manual de atención al cuidado, el cual contempla una línea para víctimas de la población.

Por su parte Carlos Eduardo Valdés, Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señaló que la población más vulnerable son las menores de edad, entre 10 y 14 años y que en los últimos años se han registrado 380.000 abusos sexuales en el marco del conflicto, además insistió en la prevención de la violencia sexual, dirigida a los niños y niñas.

En su exposición, María Eugenia Morales, Directora Técnica de Reparaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia, anunció que el conflicto armando afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Indicó que de 7.209.000 víctimas 3.552.000 son mujeres. “Uno de los impactos de la violencia sexual es la vergüenza de las mujeres víctimas con su familia y con la sociedad, al igual que las enfermedades de transmisión sexual”.

Dijo que existen 10.042 personas registradas en el Registro Único de Víctimas de las cuales 8.890 son mujeres. Expresó que diseñaron una estrategia específica de reparación a mujeres víctimas de violencia sexual, para dar una respuesta integral y adecuada a las mujeres afectadas por este crimen.

Susana Rodríguez, Delegada de Mujeres y Género de la Defensoría del Pueblo, manifestó que en la atención de mujeres víctimas de violencia en el conflicto armado se han dado cuenta de que una de las mayores dificultades es que confíen de nuevo en la institucionalidad.

De la misma manera Claudia Mejía, Directora de la organización Sisma Mujer Sisma Mujer, expresó que si es posible erradicar la violencia sexual de la guerra y lo ejemplificó exponiendo el caso de palestina e Israel en donde no existe registro de violencia sexual contra la población civil. Por otro lado, señaló que La Corte penal Internacional ha dicho que no existen avances en la investigación de delitos de violencia sexual, un asunto bastante preocupante para la congresista García.

Se escucharon los testimonios de María Eugenia Urrutia, lideresa de Afromupaz y Claudia Ospina, de la Organización RESUMUV, víctimas del conflicto armado, quienes dieron a conocer que no existe voluntad política para hacer una verdadera reparación de las víctimas, “Nos han dejado solas, el duelo tenemos que hacerla entre nosotras mismas, no vemos la presencia del Estado en nuestro proceso”. Anotaron que hay falencias en el apoyo de la asistencia psicosocial.

Al concluir, García dijo que “las cifras que reporta Medicina Legal son muy alarmantes. Tenemos que reflexionar y no las podemos pasar por alto en el Congreso. Es supremamente preocupante que la población más vulnerable sean los menores entre 10 y 14 años de edad”.

La senadora solicitó al Gobierno que se amplié el plazo,para que más víctimas puedan acercarse a denunciar los casos atroces que las afectan. Insistió en la necesidad de fortalecer los programas para la recuperación integral de las víctimas.