La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia anunció que abrió una investigación en contra de General Motors Colmotores y seis de sus directivos por la presunta restricción a la libre competencia al impedir la entrada y expansión de otras marcas de vehículos en el país.

Entre las pruebas recaudadas por el organismo se encuentran contratos, declaraciones y correos electrónicos en los que consta la restricción impuesta por Chevrolet «consistente» en prohibir la comercialización de otras marcas de carros diferentes, así como documentos que demostrarían la terminación de contratos por parte de GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. a concesionarios que crearon empresas para comercializar otras marcas de vehículos, tales como Distribuidora Coches la Sabana S.A. y Calima motor S.A.

El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Germán Enrique Bacca Medina, “Con estas conductas se estaría limitando la entrada y expansión de otros competidores en el mercado automotriz colombiano, lo cual implicaría una violación a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que prohíbe toda práctica, procedimiento o sistema tendiente a restringir o limitar la libre competencia económica”.

Adicionalmente, la Superindustria formuló pliego de cargos contra seis (6) personas naturales en su condición de funcionarios o ex funcionarios o personas vinculadas directa o indirectamente con General Motors Colmotores S.A. Chevrolet®, porque al parecer colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron la conducta anticompetitiva objeto del pliego de cargos.

Después de realizar una averiguación preliminar y recolectar varias pruebas sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de vehículos automotores nuevos en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A., fabricante de vehículos de marca CHEVROLET®, estaría prohibiendo a sus concesionarios y a los accionistas de estos mismos, crear compañías o establecimientos de comercio independientes para distribuir y comercializar vehículos de marcas distintas a Chevrolet, lo cual restringiría la entrada de nuevos competidores en Colombia o la expansión de otras marcas de vehículos en el mercado colombiano.

En el caso de que el proceso termine declarando que si existió violación a las normas de libre competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas a quienes infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia hasta por cien mil salarios mínimos legales mensuales (100.000 smlmv), es decir, hasta sesenta y cuatro mil cuatrocientos millones de pesos ($64.400.000.000.oo) por cada infracción; y a las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales (2.000 smlmv), es decir, mil doscientos ochenta y ocho millones de pesos ($1.288.000.000.oo).