Las graves situaciones de derrames de crudo que se presentaron de manera recurrente en el Golfo de Morrosquillo, entre julio y agosto de 2014*, tanto en tierra como en áreas marítimas, pusieron de presente que la protección ambiental de mares y zonas costeras es precaria y las empresas petroleras presentes en esta región (Ecopetrol y Ocensa) no realizan acciones de mantenimiento de las líneas de oleoductos de manera oportuna, indicó un informe de la Contraloría General de la República sobre el tema.

La falta de mantenimiento de los oleoductos es la causa más frecuente de incidentes de derrames terrestres, con la consecuente afectación a los recursos naturales en la zona del Golfo, lo que pone en riesgo los frágiles ecosistemas marinos y terrestres que existen en esta región.

Al concluir la Actuación Especial de Vigilancia y Control de la CGR por estos incidentes sucedidos en el Golfo, se evidenció que 4 derrames terrestres ocurridos el 20 de agosto de 2014 se produjeron por corrosión exterior del oleoducto Ayacucho-Coveñas, tal como lo reconoció la misma empresa Ecopetrol.

Información suministrada a la Contraloría por la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Coveñas indica que Ecopetrol tenía conocimiento previo de que el tramo de la línea donde se produjeron los derrames en tierra sucedidos ese 20 de agosto, y previamente el 10 de agosto (por acción de terceros), se encontraba en mal estado dado que no se usaba hace bastantes meses y el crudo remanente se estaba filtrando por la corrosión de la tubería.

Esta situación, la corrosión de las líneas, por la falta de medidas preventivas adecuadas y oportunas, aumenta el riesgo por contaminación de hidrocarburos, señaló la CGR.

No hay estrategias de prevención

Los derrames de hidrocarburos que ocurrieron durante los meses de julio y agosto de 2014 involucraron a los oleoductos Ayacucho-Coveñas y Caño Limón Coveñas, al igual que el terminal marítimo Coveñas, por lo que la Contraloría realizó una revisión detallada en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, de los expedientes relativos a las respectivas licencias aprobadas en estos casos.

En los expedientes analizados por la CGR se encontró la ocurrencia de una gran cantidad de derrames por perforaciones ilícitas en los oleoductos, frente a lo cual no se pudo evidenciar que la autoridad ambiental se haya pronunciado tanto antes las empresas concesionadas, como ante otras entidades del Estado para diseñar una estrategia preventiva interinstitucional que permita afrontar este delito.

«Esta situación –advirtió la Contraloría- trae como consecuencia que los planes preventivos de derrames incluidos en los planes de contingencia de las empresas concesionadas se encuentren desactualizados y realmente el país no cuenta con una estrategia interinstitucional para la prevención de derrames, sino tan solo con protocolos de atención correctivos y no preventivos».

La Contraloría no encontró ninguna evidencia de que los planes de contingencia del Oleoducto Ayacucho-Coveñas y la Terminal Coveñas hayan sido actualizados o revisados anualmente, a pesar de haberse realizado simulacros.

Se constató que el Plan de Contingencia vigente para la Terminal Coveñas es del año 2006 y para el caso del Oleoducto Ayacucho-Coveñas es del año 2001, lo cual indica que este instrumento no se ha actualizado hace 8 años para el Terminal y hace 13 para este oleoducto.

Se requiere mayor seguimiento de la ANLA

En revisión realizada al expediente ANLA No. 862 Oleoducto Ayacucho-Coveñas a cargo de Ecopetrol, se evidenció la ocurrencia de aproximadamente 46 derrames de crudo desde el año 2001 pero no se encontró que la empresa hubiera reformulado y rediseñado el Plan de Contingencia con base en la experiencia obtenida a raíz de la emergencia, tal como lo exige el Decreto 321 de 1999.

Se estableció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA no realiza seguimiento conforme a lo establecido por el Decreto 321 de 1999 en cuanto a la actualización de los planes de contingencia de las empresas petroleras que operan en el área del Golfo de Morrosquillo.

Adicionalmente, la CGR pudo constatar que los requerimientos producto del seguimiento que la autoridad realiza a las licencias ambientales, en su mayoría, no son atendidos oportunamente por parte de Ecopetrol y Ocensa sin que al respecto se pronuncie dicha autoridad.

Otras observaciones de la CGR

Se identificó también que existen debilidades en la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI frente a la evaluación y seguimiento de los riesgos contractuales de los proyectos de concesión para el almacenamiento, cargue y transporte de hidrocarburos en el Golfo de Morrosquillo, puesto que no existe un efectivo ni eficiente control, evaluación y seguimiento al cumplimiento de los niveles de servicio y riesgo que llevan consigo las actividades por parte de las empresas Ocensa y Ecopetrol.

El organismo de control no evidenció que durante la ocurrencia de los derrames de crudo hubiera un seguimiento con la adecuada oportunidad por parte de la ANI, que hizo presencia en el lugar de los hechos solo hasta el 28 de agosto de 2014, un mes y ocho días después de que ocurriera el primer incidente (20 de julio –OCENSA) y ocho días después del segundo derrame (21 de agosto –Ecopetrol).

En cuanto al seguimiento que deben realizar las autoridades territoriales como son la Corporación Autónoma Regional de Sucre –CARSUCRE y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge –CVS, a las actividades de almacenamiento, cargue y transporte de crudo en áreas de su jurisdicción en el Golfo de Morrrosquillo, no se evidenciaron por la CGR medidas preventivas para evitar la ocurrencia de incidentes de derrame de hidrocarburos como los presentados en julio y agosto de 2014, los cuales generaron impactos en el ecosistema marino y terrestre.

Adicionalmente, las acciones de inspección, vigilancia y control realizadas por la Superintendencia de Puertos y Transportes no se efectúan de manera previa, dado que no cuenta con personal en los puertos, lo cual no garantiza eficiencia y oportunidad en tal labor.

Uno de los riesgos para la afectación del medio ambiente que se presenta en el país es el de los derrames de hidrocarburos y aunque han pasado más de 15 años de la adopción del Plan Nacional contra Derrames de Hidrocarburos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD no ha terminado su revisión y actualización.

Hallazgos consolidados

En desarrollo de la Actuación Especial de la CGR sobre los derrames de hidrocarburos en la zona del Golfo de Morrosquillo, se establecieron 23 hallazgos administrativos, de los cuales a 14 de ellos se les determinó presunta incidencia disciplinaria.

Uno de estos hallazgos disciplinarios tiene que ver con el incumplimiento del Ministerio de Minas y Energía de su función de coordinación del sector minero con las autoridades ambientales para prevenir incidentes de derrames de hidrocarburos como los ocurridos.

Otra conclusión de esta Actuación Especial de Vigilancia y Control de la CGR es que en el país no existe una política unificada del océano y los espacios costeros, que integre los diversos sectores a fin de proteger el mar, los oceános y las zonas costeras.