Corte Constitucional tumbó acuerdo de cooperación firmado por Colombia con la OTAN
El convenio «sobre cooperación y seguridad de información en materia de seguridad» fue firmado con la OTAN fue aprobado por el parlamento colombiano a través de la ley 1734 del 2014, la cual fue declarada inexequible por la sala plena del alto tribunal.
A través de la norma se le había dado aval a un acuerdo de cooperación e intercambio de información con la OTAN– conformada por 28 Estados miembros de las principales democracias de Norteamérica y Europa–para el «acceso a buenas prácticas y a los estándares profesionales» de la Alianza Atlántica en áreas como integridad y transparencia, operaciones humanitarias y de paz, sin otorgarle «rango de socio a Colombia».
El acuerdo fue suscrito el 25 de junio de 2013 y según lo dijo entonces el ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, con el mismo se buscaba «estrechar las relaciones de cooperación y seguridad con la UE (Unión Europea) y la OTAN y desarrollar conjuntamente iniciativas que promuevan la estabilidad y la seguridad internacional».
«Lo que buscamos es aprender de la OTAN, pero también compartir con ellos nuestra experiencia de la lucha contra el narcotráfico, contra grupos terroristas y otros delitos que cometen las organizaciones del crimen organizado transnacional», expresó entonces Pinzón al explicar los alcances del acuerdo.
En su trámite final, el proyecto para ratificar el convenio fue aprobado por 81 votos a favor y 9 en el legislativo colombiano el 12 de agosto de 2014.
Ahora, tras el análisis respectivo, la Corte Constitucional lo echó abajo argumentando que existieron vicios en el trámite en el Congreso, porque en segunda vuelta en el Senado no se hizo una votación nominal como lo exige la ley, sino que fue aprobado de «pupitrazo».
En consecuencia para subsanar la irregularidad, el Gobierno tendrá que presentar de nuevo la iniciativa a consideración del Legislativo.
De hecho, en febrero pasado, la Procuraduría presentó un concepto negativo ante la Corte Constitucional en torno a la ley que daba validez al convenio, bajo el argumento de que no definía claramente su finalidad, es decir, el tipo de información que sería objeto de intercambio entre Colombia y la OTAN.
Concretamente el Ministerio Público señaló que “dado que en el texto del acuerdo no se puede distinguir con claridad qué tipo de información cabe dentro de la denominación genérica “información clasificada”, podría tratarse de información personal y, en particular, de datos personales sensibles, con el consecuente problema de que no se prevén en el acuerdo formas para que esa información sea conocida por su titular, puesto que la obligación de guardar la reserva frente a terceros, distinta de las partes, sí es bastante clara”.
En la exposición de motivos, el gobierno colombiano hizo las siguientes precisiones sobre el convenio:
El «ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACiÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE Y LA REPÚBLI DE COLOMBIA SOBRE COOPERACIÓN Y SEGURIDAD DE INFORMACiÓN», establece medidas para el intercambio y protección de la información que sea compartida entre las partes.
Algunas de estas medidas incluyen el compromiso de proteger y salvaguardar la información y el material que sea intercambiada entre las Partes, lo cual implica
asegurar el cumplimiento de procedimientos de seguridad comunes, así como el compromiso de no divulgar información a terceros sin el consentimiento de la parte
que origina.
Este Acuerdo permitirá contar con el marco normativo necesario para realizar las gestiones propias que con lleva la relación de cooperación con esta prestigiosa
Organización Internacional. Esta relación está enfocada en fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia, mediante el establecimiento de
estándares que permiten la interoperabilidad, en diversos frentes, entre las Fuerzas Armadas de los países que hacen parte de esta Alianza.
Con la adopción de estos elevados estándares, que abarcan aspectos logísticos, técnicos, y operativos, se está dando cumplimiento al desafío de definir una hoja
de ruta que determine el futuro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Lo anterior, dentro de un modelo de planeación de mediano y largo plazo, que busca
definir una estructura de fuerza que evolucione de manera concordante con los retos operacionales futuros y que garantice la coherencia entre el marco presupuestal existente, los principios de política, las misiones y las capacidades de la Fuerza Pública.
