Al termino del ciclo 37 de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana, Cuba, y a través de un comunicado emitido conjuntamente entre plenipotenciarios del Gobierno, delegados de países garantes y voceros de la guerrilla de las Farc, anunciaron la creación de la Comisión de la Verdad, con el fin de esclarecer el origen y los responsables de años de conflicto en Colombia y su efecto sobre las víctimas. La Comisión tendrá carácter extrajudicial y entrará en funcionamiento solo hasta cuando se firme el Acuerdo General.

El anuncio fue realizado en La Habana por los representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz colombiano, en un acto ante la prensa en el que estuvieron acompañados de los negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos y de las Farc, coincidiendo con el cierre del ciclo 37 de las conversaciones.

«La idea es reconocer a las víctimas y es importante que la comisión acaba de ser creada», señalaron los integrantes del grupo negociador.

La Comisión de la Verdad será una entidad a nivel nacional, pero con enfoque territorial.

La Comisión cumplirá con tres objetivos fundamentales; el primero, contribuirá al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto. En este sentido saludamos la visita y el pronunciamiento efectuado durante este ciclo, por Zainab Bangura, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, y nos comprometemos a atender sus recomendaciones.

En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir.

Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios. Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. Así se sentarán las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Por esas razones es necesario entender la construcción de la verdad también como una parte esencial de la construcción de la paz.

El éxito de la Comisión dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad, y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto.

La Comisión tendrá una duración de 3 años incluyendo la elaboración del informe final. La Comisión contará con 6 meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. La publicación del informe final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la Comisión.

El Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión, de tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e ininterrumpida, incluyendo la publicación y difusión masiva del informe final. La Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para que la ejecución de sus recursos se haga de manera transparente procurando garantizar la austeridad en el gasto. Se promoverá la veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos, brindando las garantías necesarias para ello.