–La organización Human Rights Watch le pidió al gobierno de los Estados Unidos suspender “parte de la ayuda militar a Colombia” mientras no cumpla los requisitos en materia de derechos humanos en el juzgamiento y condena de los altos mandos castrenses implicados en los llamados falsos positivos.

«El gobierno de Estados Unidos debería exigir el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia, incluida la exigencia de que los casos de derechos humanos estén “sujetos únicamente a la jurisdicción penal ordinaria”, y que los militares cooperen con los fiscales en estos casos. Ante las evidencias de que estos dos requisitos no se están cumpliendo, Estados Unidos debería suspender la parte de la ayuda militar que depende de que Colombia cumpla con ellos», indica Human Rights Watch.

Agrega que “Colombia debe asegurar que las medidas de justicia transicional que puedan adoptarse en el marco de un futuro acuerdo de paz no priven a los familiares de víctimas de falsos positivos de que se haga justicia”.

“Si Colombia no lleva ante la justicia a los máximos responsables, la Corte Penal Internacional debería abrir una investigación formal”, puntualiza.

Al mismo tiempo, Human Rights Watch demandó al presidente colombiano Juan Manuel Santos no eximir de investigación o persecución penal a las personas responsables de falsos positivos, ni posibilitar que las condenas impuestas a estas sean manifiestamente inadecuadas.

Las solicitudes forman parte de las recomendaciones que hace al final del informe sobre “El rol de los altos mandos en falsos positivos”, que divulgó en las últimas horas y en el cual implica en las ejecuciones extrajudiciales a altos mandos militares, encabezados por los actuales comandantes de las Fuerzas Armadas y del Ejército Nacional, generales Juan Pablo Rodríguez Barragán y Jaime Lasprilla Villamizar, respectivamente.

Al Fiscal General de la Nación le pide que las investigaciones deberían examinar asimismo la potencial responsabilidad de oficiales en instancias superiores de la línea de mando.

Human Rights Watch sintetiza en su informe las siguientes “recomendaciones”:

Al Presidente Juan Manuel Santos

Asegurar que el efectivo procesamiento penal de los casos de falsos positivos sea un criterio fundamental del éxito de su gobierno.
Dar instrucciones a las autoridades militares para que cooperen plenamente con las investigaciones de la Fiscalía sobre falsos positivos, lo cual incluye proporcionar oportunamente los documentos que estos soliciten.

Asegurar que funcionarios gubernamentales no realicen declaraciones públicas en las cuales se cuestione la legitimidad de la actuación de los fiscales en casos de falsos positivos, ni estigmaticen a víctimas y sus representantes.

No promover proyectos legislativos destinados a ampliar la competencia de la Justicia Penal Militar respecto de casos de derechos humanos.

Asegurar que los testigos en casos de falsos positivos no sean hostigados ni estigmatizados por oficiales militares, y que los testigos, sus familias y los familiares de víctimas en estos casos reciban protección adecuada cuando haya amenazas creíbles a su seguridad.

Asegurar que cualquier ley reglamentaria que se adopte en el futuro para el Marco Jurídico para la Paz—una reforma constitucional promulgada en julio de 2012— no exima de investigación o persecución penal a las personas responsables de falsos positivos, ni posibilite que las condenas impuestas a estas sean manifiestamente inadecuadas.

Al Fiscal General de la Nación

Realizar investigaciones expeditivas y exhaustivas sobre la potencial responsabilidad de ex comandantes de todas las brigadas y unidades tácticas que cometieron una cantidad significativa de falsos positivos. Las investigaciones deberían examinar asimismo la potencial responsabilidad de oficiales en instancias superiores de la línea de mando.

Incrementar la cantidad de fiscales e investigadores en la Unidad de Derechos Humanos, a fin de que puedan llevar adelante los casos de falsos positivos de manera expeditiva y exhaustiva.

Reconsiderar el enfoque aplicado para asignar los casos de falsos positivos entre los fiscales, a fin de asegurar que se puedan identificar e indagar de manera eficiente patrones y nexos entre delitos atribuidos a unidades tácticas y brigadas específicas.

Al Gobierno de Estados Unidos

Exigir el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia, incluida la exigencia de que los casos de derechos humanos estén “sujetos únicamente a la jurisdicción penal ordinaria”, y que los militares cooperen con los fiscales en estos casos.

En vista de la evidencia de que numerosos falsos positivos permanecen en la Justicia Penal Militar y que las autoridades militares no han cooperado en forma plena ni oportuna con las investigaciones, Estados Unidos debería suspender la parte de la ayuda militar que depende de que Colombia cumpla los requisitos en materia de derechos humanos.

A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

Continuar un seguimiento riguroso de los procedimientos vinculados con casos de falsos positivos y cualquier implementación futura de la reforma constitucional conocida como Marco Jurídico para la Paz.

OBSTACULOS

De otro lado, el informe de la ONG reseña una serie de “Obstáculos” en los procesos de investigación y juzgamiento de los “falsos positivos”, así:

Los fiscales que intervienen en casos de falsos positivos enfrentan graves obstáculos:

Cuando los fiscales solicitan archivos a batallones y brigadas del Ejército, es común que el personal militar no los proporcione oportunamente.
Los soldados que declaran contra sus superiores a menudo sufren represalias, como estigmatización por parte de altos mandos del Ejército, así como amenazas de muerte y agresiones.

Los soldados que se abstienen de denunciar lo sucedido—si se considera como antecedente a la experiencia del Teniente Coronel (r) González del Río en los meses siguientes a su detención—tienen motivos para creer que podrían obtener privilegios y apoyo de oficiales del Ejército.

Numerosos casos de falsos positivos todavía están en el ámbito de la Justicia Penal Militar, a pesar de que el derecho colombiano y el derecho internacional disponen que los casos de violaciones de derechos humanos deberían estar a cargo de autoridades de la justicia penal ordinaria.

Con frecuencia, los abogados defensores recurren a tácticas dilatorias para extender los procedimientos en el tiempo.

Asimismo, hay problemas dentro del ámbito de la Fiscalía, incluido un volumen de expedientes que algunos fiscales han calificado como abrumador, y la ausencia del tipo de investigaciones contextualizadas y sistemáticas que permitirían identificar a responsables de alto rango.

Estos obstáculos se analizan en secciones separadas más adelante.

-Falta de cooperación de autoridades militares con las investigaciones

Los fiscales a cargo de casos de falsos positivos indican que, con frecuencia, miembros del Ejército interponen obstáculos al acceso a archivos que son cruciales para sus investigaciones, como “órdenes de operaciones” y documentos donde se autorizan pagos a informantes. Afirman que cuando envían a investigadores a brigadas y batallones para obtener posibles evidencias, a veces les anuncian que el oficial a cargo de los archivos no se encuentra presente, a pesar de haber avisado con anticipación sobre la visita, u otras veces los militares presentes obligan a los investigadores a esperar horas antes de permitirles consultar la información.

Algunos fiscales también señalan que, en ocasiones, las autoridades militares aseveran de manera irrazonable que la información es reservada, o demoran meses en responder a pedidos de información básicos.

“Es una manera de entorpecer” las investigaciones, expresó un fiscal .

En una comunicación oficial enviada en junio de 2014, un fiscal que estaba investigando falsos positivos planteó esta situación al titular de la Jefatura de Derechos Humanos del Ejército. En el reclamo se indica que “en general” los militares:

No permiten el acceso a la documentación requerida y el acceso a los archivos de inteligencia lo restringen, es decir, no se puede realizar la diligencia de inspección judicial, toda vez que aducen reserva de la información. En otros casos, no se encuentra la persona que presuntamente atenderá la diligencia…[o] [l]a información la suministran, pero el servidor de policía judicial debe suscribir un acta de compromiso sobre la Reserva de la Información….

Represalias contra testigos clave

Los miembros del Ejército que declaran contra superiores con frecuencia sufren represalias, que incluyen desde agresiones y amenazas de muerte contra ellos y sus familiares, hasta hostigamiento y estigmatización por parte de altos oficiales del Ejército. Los abusos sirven de advertencia a otros posibles testigos, de que podrían ser castigados si deciden contar lo que saben.

Asesinato de Nixón de Jesús Cárcamo

El 27 de octubre de 2014, Nixón de Jesús Cárcamo fue hallado muerto en un centro de reclusión militar en la Décima Primera Brigada del Ejército en Montería, Córdoba, donde se encontraba detenido por su presunta responsabilidad en casos de falsos positivos. La autopsia determinó que su muerte había sido un “homicidio por asfixia” . Cárcamo había declarado antes a la Fiscalía sobre el presunto rol de oficiales y soldados del Ejército en varios casos de falsos positivos en los cuales él había participado mientras formó parte de la Décima Primera Brigada . Once días antes de su homicidio, advirtió a la Fiscalía que temía por su vida en los siguientes términos:

“En el sitio de reclusión hay rumores que peligra mi vida porque estoy colaborando con la justicia… [Y]o siento mucho miedo. Dejo constancia que… el caso de sucederme algo declaro responsables a las personas que estoy señalando en estos casos…”.

Según un fiscal, de los cuatro soldados que reconocieron su responsabilidad en la ejecución de un falso positivo en 2007, Cárcamo era “quien siempre manifestó mayores detalles en cuanto a la conducta de tenientes, capitanes, y comandantes” del batallón .

Varios fiscales se mostraron profundamente consternados por el efecto amedrentador que el asesinato de Cárcamo podría tener para otros soldados que consideraran la posibilidad de declarar contra sus superiores . Algunos miembros del Ejército que cooperan con investigaciones contra altos mandos militares de otras regiones dijeron a Human Rights Watch que la noticia del homicidio los atemorizaba .

Amenazas y hostigamiento a Carlos Eduardo Mora

Mientras estuvo asignado a la Brigada Móvil N.º 15 en 2007, el Sargento Carlos Eduardo Mora presenció la estrecha colaboración entre miembros del Ejército y paramilitares para cometer falsos positivos. Mora se negó a participar en los crímenes e intentó denunciarlos, pero sus superiores lo amenazaron para que guardara silencio. En 2008, Mora comenzó a prestar su testimonio a la Fiscalía en relación con casos de falsos positivos. Las evidencias que aportó ya han permitido a la Fiscalía conseguir que se condenara a un teniente coronel y a varios oficiales y soldados, y es además testigo en otras causas en curso, incluida una contra un ex comandante de la Brigada Móvil N.º 15 .

Mora indica que el 30 de agosto de 2013, presuntamente con la intención de desacreditarlo, funcionarios del Ejército intentaron ingresarlo en una clínica psiquiátrica contra su voluntad. En octubre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Mora y su familia, y señaló que estaban en peligro y que las amenazas e intimidaciones que había denunciado parecían ser “una retaliación” debido a su rol como testigo .

Tras las medidas cautelares, las autoridades colombianas le asignaron escoltas. No obstante, Mora afirma que fue ulteriormente objeto de hostigamiento e intimidación por parte de generales del Ejército. Asevera que el 14 de marzo de 2014, cuatro días después de que la justicia condenara a un teniente coronel contra quien había prestado su testimonio, un general del Ejército realizó declaraciones frente a él y a un grupo numeroso de soldados, insinuando claramente que Mora era un “traidor” . Según Mora, durante el encuentro semanal en la oficina de contrainteligencia donde trabajaba, el general dijo que “el ejército viene siendo blanco de una campaña de desprestigio mediático” y que las “personas que hablen mal de la institución son unos traidores son unos traidores (sic) son judas y me imagino que nadie quiere ser un judas”. Luego caminó hasta donde estaba Mora, le puso su mano en el hombro, y le dijo “¿No es así mi Cabo Mora?” .

El 19 de marzo de 2014, Human Rights Watch envió una carta al Presidente Santos, en la cual solicitó que el Ejército transfiriera a Mora y a su familia a un sitio fuera de Colombia para garantizar su seguridad . Mora señaló que la comunicación se remitió al comando del Ejército y que, poco después, un general que está al frente de la Jefatura de Derechos Humanos del Ejército lo convocó a una reunión y le dijo que había perdido su “espíritu de soldado” y que debería pensar en los soldados que están detenidos por falsos positivos y en sus familias. Según contó Mora, el general agregó que el Ejército no iba a reconocer los falsos positivos y que tendría que encontrar la forma de “defenderse” de sus declaraciones .

La presión ejercida sobre Mora está teniendo efecto . Afirma que cuando otros militares le confiesan que también tienen información sobre delitos en los cuales han estado implicados miembros del Ejército, él les advierte sobre el altísimo costo que ha tenido para él denunciar lo sucedido.
Violación sexual de la esposa de un testigo clave

Existen evidencias serias de que, en 2013, hombres no identificados violaron sexualmente a Julia (seudónimo), la esposa de un soldado, como represalia debido a que el soldado había declarado contra un coronel del Ejército . El soldado, que también ha recibido amenazas de muerte, es un testigo clave en procesos sobre falsos positivos contra el coronel en cuestión y otros oficiales y soldados [199] . Julia contó que, aproximadamente una semana antes de la violación, se había reunido con el coronel en el centro de reclusión militar donde este se encontraba detenido y se negó a aceptar un ofrecimiento de soborno para que su esposo se retractara de su declaración. Al concluir el encuentro, le dijo “dígale a su marido saludos y que gracias por sapo desleal”. Julia señaló que durante la violación sexual, los agresores se referían a ella como la esposa del “sapo” .

Otras agresiones contra testigos

El 12 de agosto de 2012, en Soacha, al menos un hombre armado no identificado disparó y mató al testigo Jhon Fredy Garces, quien había dado su testimonio a la Fiscalía con respecto al caso de un falso positivo por el cual sería responsable una unidad militar donde se había desempeñado como guía civil . El proceso estaba a punto de ir a juicio, y dos semanas antes del asesinato, Garces había llamado a un fiscal para informarle que algunos militares lo habían visitado . Sobre la base de las evidencias disponibles, Human Rights Watch no pudo determinar el móvil del asesinato, pero debido a las circunstancias del caso es importante que se investigue si la muerte de Garces estuvo vinculada a su rol como testigo .

Ausencia de investigación de falsos positivos

Informados como bajas de combate, en general los casos de falsos positivos fueron investigados en un primer momento por jueces militares. Recién alrededor de 2008, la Justicia Penal Militar comenzó a transferir masivamente los casos a los fiscales de la justicia ordinaria. La actuación que tuvo la Justicia Penal Militar en esos primeros años otorga un importante motivo para asegurarse de que todos los casos sean transferidos a la justicia ordinaria.

Los fiscales que actualmente se ocupan de investigaciones de falsos positivos de distintas regiones manifestaron que, según surge de los expedientes que ahora están a su cargo, hubo jueces militares que omitieron pasos básicos en la investigación de los delitos mientras las causas estuvieron bajo su jurisdicción.

Según expresaron, el patrón general es que los jueces militares entrevistaban a soldados que participaron en combates simulados y luego cerraban el caso, a menudo aunque existieran claras irregularidades en las ejecuciones. Entre esas irregularidades puede mencionarse que las armas que supuestamente empuñaban las víctimas no funcionaban, las evidencias forenses que mostraban que las víctimas habían recibido disparos a quemarropa y contradicciones en los testimonios de los soldados. Además, cuando los jueces militares sí tomaban declaración a familiares de las víctimas, en general las desestimaban alegando que no eran creíbles.

Un fiscal a cargo de más de 50 falsos positivos expresó que “a pesar de la prueba técnica de disparo a corta distancia, o que el arma no funciona, [los jueces militares] proceden a archivar [el caso]… Fue sistemático que cerraban casos sin investigar nada”.

Los fiscales han destacado una grave falla en la investigación: que los jueces militares no adoptaban medidas para verificar la identidad de las víctimas, a quienes los soldados a menudo quitaban sus documentos de identidad, para conseguir que sus delitos quedaran impunes. (Resultaba más sencillo hacer pasar por guerrilleros a víctimas que no tenían identificación). Un fiscal señaló que, si bien los jueces militares no identificaron a víctimas durante los varios años en que los casos estuvieron a su cargo (a veces, hasta siete años), la Fiscalía pudo determinar sus identidades al cabo de algunas semanas. En un caso de falsos positivos en el cual soldados ejecutaron a dos hombres en 2004, la Fiscalía observó que el juez militar archivó la investigación en menos de cinco meses, “sin hacerse el más mínimo esfuerzo en averiguar por la identidad de los occisos” .

En algunos casos, la Fiscalía incluso ha solicitado que se inicien investigaciones contra jueces militares por actuación negligente en relación con falsos positivos.

Presunto rol de jueces militares en el encubrimiento de falsos positivos

Existen además evidencias de que algunos jueces militares ayudaron activamente a las tropas a encubrir falsos positivos.

Una fiscal manifestó que tenía conocimiento de dos jueces militares que habrían dado instrucciones a soldados sobre cómo manipular las escenas del crimen en casos de falsos positivos, para que parecieran muertes en combate .

Un suboficial retirado contó a la Fiscalía que cuando su unidad en Antioquia ejecutaba falsos positivos, una jueza militar acudía a la escena del supuesto combate y asesoraba a los soldados sobre qué debían decir a los investigadores de la Fiscalía.
También dijo que siempre que debía declarar en la Justicia Penal Militar, la jueza lo orientaba acerca de qué tenía que decir para encubrir los delitos.

Un sargento del Ejército perteneciente al Batallón Pedro Nel Ospina contó a la Fiscalía un incidente de falsos positivos que había presenciado, en el cual una jueza militar se apersonó en la escena del crimen inmediatamente después de que las tropas informaran a su comandante cuatro bajas en combate simuladas. Luego de que llegara la jueza, una de las víctimas heridas, a quien se había dado por muerta, recobró el conocimiento y comenzó a gritar. Según el testigo, los soldados lo ejecutaron y la jueza dijo “Yo no he visto ni he escuchado nada”.

Tácticas dilatorias de abogados defensores

Casi todos los fiscales a cargo de casos de falsos positivos con quienes hablamos dijeron que las tácticas dilatorias empleadas por abogados defensores representan un gran obstáculo para que haya avances en sus casos. Según señalaron, los abogados defensores cancelan habitualmente audiencias invocando excusas aparentemente falsas (como que su vuelo no llegó a tiempo, que tienen una cita médica o que se enfermaron a último momento) o presentan, a los efectos de demorar los procedimientos, recursos manifiestamente infundados. Un fiscal contó que, en un caso, durante más de un año no pudo celebrar una audiencia preliminar debido a ese tipo de tácticas empleadas por abogados defensores .