–La Pocuraduría General de la Nación ratificó la sanción de destitución e inhabilidad por 13 años al exconcejal de Bogotá Andrés Camacho Casado por su participación en el llamado «carrusel de la contratación», por haber influido para favorecer a los contratistas Emilio José Tapia y Héctor Julio Gómez y haber recibido por una sola adjudicación 300 millones de pesos.

El Ministerio Público dejó en firme la condena disciplinaria contra Camacho Casado en un fallo de segunda instancia, pues advierte que prevaliéndose del cargo de concejal o de la relación derivada de su función o jerarquía intervino para obtener la adjudicación de contratos a favor de los citados empresarios.

La Procuraduría afirma que al entonces cabildante se le reprochó por haber acordado con el alcalde mayor de Bogotá de ese entonces, Samuel Moreno Rojas, el nombramiento del director de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento del Distrito y continuar influyendo en la designación de varias personas en diferentes cargos de dicha entidad, logrando, de igual manera, favorecer a los contratistas Emilio José Tapia y Héctor Julio Gómez en la adjudicación de contratos.

Añade que también se le comprobó a Camacho Casado su responsabilidad disciplinaria por haber recibido la suma de 300 millones de pesos de manos del director de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento del Distrito, como contraprestación por haber sido adjudicada la licitación 021 de 2010 a la firma Patria Conalvías.

El organismo de control subraya que de acuerdo con el artículo 48 del Código Disciplinario Único, la falta se tipificó como gravísima a título de dolo, teniendo en cuenta que la norma asigna dicha calificación por “realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la Ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

Finalmente establece que estos actos de corrupción afectaron a la sociedad colombiana debido a la pérdida de credibilidad y prestigio que se tuvo en la administración pública, y son actos que atentan contra la propia institucionalidad.