Durante un trabajo desplegado en 13 municipios de La Guajira, Atlántico y Chocó, la Defensoría del Pueblo comprobó serias irregularidades en el funcionamiento de los programas de alimentación escolar y asistencia a los niños, niñas y adolescentes matriculados en esas regiones del país.

Irregularidades como, el incumplimiento de la normatividad sanitaria para la conservación de los comestibles; problemas en la contratación, ausencia de garantías en seguridad social para las manipuladoras de alimentos y dificultades de infraestructura para el almacenamiento y suministro, hacen parte del panorama general evidenciado en poblaciones como Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará.

En otros lugares el organismo humanitario evidenció que los niños, niñas y adolescentes tienen que pagar hasta 200 pesos diarios por el almuerzo y el complemento alimenticio, ello sin contar con las precarias condiciones identificadas en la mayoría de establecimientos visitados, donde los alimentos perecederos son ubicados en el piso, no hay alacenas ni refrigeradores para su conservación, los niños comen a la intemperie y hacen sus necesidades a campo abierto por la carencia de baterías sanitarias, entre otros factores.

Además, la Defensoría denunció sobre la presunta actuación irregular de candidatos a la próximas elecciones regionales en el municipio de Barrancas, pues habrían condicionado futuras soluciones al transporte escolar en comunidades donde desde 2013 los niños y niñas no reciben clase (pese a un fallo de tutela que ordena medidas para garantizar su traslado hacia las escuelas), a la recopilación de firmas para respaldar sus aspiraciones políticas.

En este sentido, la Defensoría solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Unidad de Delitos Electorales, para que se investigue esta situación y se revise la conducta de funcionarios públicos que estarían favoreciendo dichas prácticas.

Aquí el informe completo de la Defensoría:

En el caso del Atlántico, donde la Secretaría de Salud departamental dio a conocer un informe con los resultados microbiológicos de 210 muestras tomadas a los alimentos en 31 instituciones educativas del sector público, 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil, encontrando contaminación en más del 70 por ciento de ellos por presencia de coliformes totales y fecales, entre otras sustancias, la Defensoría llamó la atención sobre la falta de articulación entre las entidades territoriales, toda vez que a pesar de estos hallazgos, la Secretaría de Educación no puso en marcha los planes de mejoramiento respectivos, ni se iniciaron las actuaciones administrativas frente al problema. Por lo anterior, la Defensoría pidió exigir un plan de seguimiento de la interventoría, armonizar el trabajo de las instituciones, al tiempo que solicitó el concurso de los organismos de control para investigar las irregularidades.

En cuanto al Chocó, donde solamente la ciudad de Quibdó está certificada por el Ministerio de Educación para contratar la operación del Programa de Alimentación Escolar, mientras los 29 municipios restantes dependen de la Secretaría de Integración departamental, la Defensoría del Pueblo encontró que en la actualidad este proceso está en cabeza de tres operadores, dos de ellos pertenecientes a las comunidades indígenas, y Fungescol, empresa que reemplazó a la Diócesis por el período comprendido entre el 9 de abril y el 16 de junio pasados, advirtiéndose el 17 de abril la posible presencia de alimentos en mal estado, así como de su conservación en sitios no adecuados, situación que fue corroborada por la Defensoría Regional de Urabá en visita del 21 de mayo al municipio de Unguía, circunstancia que motivó la presentación de una denuncia penal por las presuntas anomalías en la ejecución del contrato suscrito entre la Gobernación y la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social de Colombia.

Preocupa a la Entidad que cuando se indagó sobre el seguimiento que adelanta la Secretaría de Integración Social al operador y a sus procedimientos, se obtuvo como respuesta que en el segundo trimestre se llevaron a cabo visitas a tan solo 3 de los 29 municipios cubiertos, siendo los 26 restantes objeto de monitoreo telefónico, lo cual impide garantizar el cumplimiento de los protocolos. A ello se suma que no obstante los cuestionamientos y las evidencias denunciadas en el caso Fungescol, fue suscrito un otrosí para prorrogar el contrato de operación entre el 6 de julio y este 12 de agosto.

La Defensoría del Pueblo valora la reciente visita de la Ministra de Educación a Unguía y confía en que a partir de los compromisos adquiridos por las autoridades territoriales con esa cartera, pueda superarse esta problemática que pone en riesgo la salud de los niños, niñas y adolescentes, cuya situación en otras localidades como Yuto y Alto Andágueda es particularmente compleja debido a la insuficiencia del fluido eléctrico para refrigerar los productos perecederos, a la precaria infraestructura que obliga a los estudiantes a comer por turnos de 11 minutos, a la ausencia de cobertura para cerca de 400 alumnos que no tienen documento de identidad, y a la invasión de las fuentes hídricas con los desechos de los comedores y cocinas improvisadas que funcionan en esa región, según lo observado por la Defensoría.

En La Guajira, donde el problema de la desnutrición infantil ha conmovido a Colombia, la Defensoría del Pueblo también encontró falencias relacionadas con el suministro de los alimentos escolares, pues para citar apenas un caso, en un uno de los centros etno-educativos de Manaure, a 7 de julio (cuando se realizó la primera visita humanitaria de inspección en esta materia), no habían sido entregados los comestibles que debían llegar el 22 de junio.