–Una condena ejemplar de 50 años y 6 meses de prisión impuso un juez especializado a Martha Cecilia Alcantar García, como cabecilla de una banda organizada dedicada al secuestro y la extorsión en todo el territorio colombiano.

La mujer, quien se encuentra prófuga, fue hallada responsable de los hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2011, cuando fue secuestrado en Bogotá el abogado Carlos Luis Quintero Lobo, de 50 años, por cuya liberación se exigían 2 mil millones de pesos.

Un mes más adelante, el secuestrado apareció muerto cerca del puente sobre el rio Arzobispo, carrera 5° con calle 39, en el Parque Nacional de la capital del país.

De acuerdo con el informe de la fiscalía, la tragedia para el abogado Carlos Luis Quintero Lobo comenzó el 23 de diciembre del 2011 cuando mediante engaños a través de internet, un sujeto lo contactó para un encuentro para acudir a una cena.

Tras la cita, el desconocido llegó hasta el apartamento de Quintero Lobo, ubicado en la capital del país, donde fue reducido, amarrado y amordazado.

Un día después del hecho, el socio de la víctima recibió la llamada de una persona, quien le aseguraba que Quintero Lobo permanecía secuestrado y para lograr su libertad debía cancelar la suma de 2 mil millones de pesos.

Una nueva llamada, el 28 de diciembre de 2011 permitió llegar a un acuerdo mediante el cual se cancelaría un adelanto de 50 millones de pesos, dinero que debía ser entregado en un sector público de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander.

Luego de los acuerdos para el pago, el grupo Gaula realizó un seguimiento telefónico, logrando establecer que la llamada extorsiva provenía de la capital de Norte de Santander.

Posteriormente, el socio del secuestrado se desplazó a Cúcuta, donde fue contactado de nuevo por los plagiarios, a quienes este les dijo que debido al miedo que sentía, enviaría a un familiar.

Al asistir a la cita en el puente internacional Simón Bolívar, en límites con Venezuela, un agente encubierto del Gaula hizo la entrega del dinero.

Las interceptaciones telefónicas también permitieron establecer que el sujeto que había contactado por internet al abogado, había sido Álvaro Lubadier Pérez Martínez.

Para el día 8 de enero de 2011, hacia las 4 de la tarde, un funcionario de Aseo Capital halló un cuerpo sin vida cerca del puente sobre el rio Arzobispo de la carrera 5° con calle 39, en el Parque Nacional de la capital del país.

En Medicina Legal se pudo determinar que se trataba del abogado Carlos Luis Quintero Lobo, quien había fallecido debido a una asfixia mecánica.

Según se relató en la audiencia, para el 10 de marzo de 2011, en la ciudad de Cúcuta, fueron secuestrados Mario Nicolás Rodríguez Contreras y su amigo Rafael Alexander Ortega Morales, a quienes retuvieron y llevaron a una residencia ubicada en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), vivienda que había sido arrendada por Martha Cecilia Alcantar García.

Se conoció que debido a un descuido de la vigilancia, los dos plagiados lograron escapar y contar pormenores de la actuación de la banda, permitiendo establecer que la mujer hacía parte del grupo y había participado en cada una de las actuaciones criminales del grupo.

Simultáneamente para el 12 de marzo de 2011, en la capital del país también fue secuestrado el comerciante Héctor Fernando García, quien fue retenido en un apartamento de la calle 52 con carrera 9°, donde era vigilado y alimentado por la sentenciada.

Por el plagio del comerciante García se exigía la suma de 4500 millones de pesos, dinero que no se canceló, gracias a la liberación del secuestrado por parte del Gaula de la Policía Nacional.

Álvaro Lubadier Pérez Martínez fue capturado en Cúcuta el 22 de marzo de 2011, y luego de un interrogatorio dio toda la información a las autoridades sobre la banda que lideraba y que estaba compuesta por otros 4 sujetos y la sentenciada.

Tres integrantes de la banda recibieron condena, como autores de los delitos de homicidio agravado, en concurso heterogéneo con secuestro extorsivo agravado, en concurso con concierto para delinquir agravado; mientras que la sentenciada, quien fue hallada responsable de los mismos delitos, permanece prófuga.

El juez del caso también condenó a la mujer al pago de 19.710 salarios mínimos legales mensuales vigentes.