Por: Luis Eduardo Forero Medina
En la actual legislatura se tramitan proyectos de ley, que de ser aprobados convertirían a la clase trabajadora pública y privada en una de las más felices.
En caso opuesto sólo sería un portafolio de buenas intenciones, presentado sin socializarse ni escrutar previamente el ambiente legislativo, o con fines populistas. La mujer, la más beneficiada con las generosas iniciativas, en adelante para trabajar no tendrá que presentar el odioso requisito de práctica del test de embarazo. El embarazo se prevendría en la adolescencia, según otra iniciativa. Una vez contratada a la mujer se le aplicarían políticas de equidad salarial y prestacional. Las madres trabajadoras además que dispondrían de más tiempo para cuidar a recién nacidos, tendrían lactarios en los sitios de trabajo, y sus hijos serían cuidados en la primera infancia por el Estado. Si sale adelante la ley Isaac, cuando ocurra un accidente grave a un niño, al empleado se le otorgará una licencia por 8 días hábiles. Las madres cabeza de familia cumplirían una jornada laboral de 42 horas semanales, extensiva a los padres en la misma condición. Los actores tras bambalinas recibirían su Estatuto Laboral, y los profesionales de belleza y estéticas, en adelante recibirían salario y prestaciones sociales. Las domésticas no seguirán discriminándose, y se les pagaría prima de servicios.
El gobierno tomó el toro por los cachos para acabar la crisis hospitalaria, se girarían los recursos directamente a los hospitales, sin mediar las morosas EPS. A estas entidades les transferían más dinero, y pagarían gastos de transporte, alojamiento y manutención a pacientes y acompañantes. Los paseos de la muerte se penalizarán al consagrarse el tipo penal de omisión de asistencia sanitaria que busca más humanización en la atención médica. Los médicos rejuvenecerían su Código de Ética Médica, y miles de ex trabajadores que esperan en la Corte Suprema de Justicia decisiones judiciales hace más de 15 años, verían resueltas sus causas con el probable fortalecimiento de la Sala de Casación Laboral. Las personas próximas a pensionarse gozarían de estabilidad laboral, y a los jubilados se les haría justicia con la modificación de la cuota por salud. Las personas en condición de discapacidad no se les podrán negar el acceso al mercado laboral, y recibirían una ayuda mensual extendida a sus progenitores. Dicho auxilio sería descontable del Cree. En Colombia hay más de 3 millones de colombianos en condición de discapacidad.
Los campesinos y población de escasos recursos serian beneficiados con generosos subsidios estatales para sus aportes a los BEPS. Próximamente estarían en la arena política los servidores públicos si se reglamenta su participación en política. Les iría mal a congresistas y conductores de taxi, en caso que el Congreso aprobara sendas leyes; recogiendo en el caso de los taxistas, la iniciativa de su vocero, que propone que con tres quejas contra un conductor se cancelaría por un año su licencia y el permiso de operación, y si reincide se le cancelaría definitivamente. Los congresistas serían multados con un salario mínimo mensual por la ausencia a una sesión, y pérdida de investidura si reinciden. Propuestas como la de los taxistas van en contravía con el derecho al trabajo y no pasan de ser proyectos pasajeros. Para Ignacio Perdomo Gómez, jefe del área laboral de la Universidad Libre, la propuesta de aumento de la licencia materna “generará es una mayor discriminación laboral hacia la mujer”, “los lactarios es una idea aún muy cruda..” y la baja en la cuota de salud de los pensionados, “debería ir acompañada de una revisión de las cotizaciones de los trabajadores independientes” . Para Carlos Hernán Godoy Fajardo, “independientemente de la justificación social de los proyectos sobre maternidad y lactancia, consideramos que no es un buen momento para seguir aumentando los costos del empleo formal. El Congreso debería concentrarse más en la protección de los trabajadores informales, que realmente están muy desprotegidos.” Godoy es socio fundador y director de la Unidad Laboral de Godoy Córdoba abogados S.A.S, firma de abogados calificada en tres años consecutivos por Chambers & Partners, como la No. 1 en Colombia en Derecho Laboral, Seguridad Social.
