El Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar (Guajira) concedió la razón de la Procuraduría General de la Nación que por medio de una acción de tutela reclamó el derecho constitucional al agua potable a favor de los habitantes del corregimiento La Junta, conformado por las zonas rurales La Peña, Curazao y Los Haticos, además de los caseríos Lagunita, Toca Palma, Carrizal, Potrerito, La Dispensa, Rinconada, Limoncito, Sabana Grande, Loma de Potrero, El Caney, El Arahuaco y la Región de Corbonal vía Los Haticos, en contra de la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar y la Gobernación de La Guajira.

El juez ordenó a la Alcaldía de San Juan del Cesar que en coordinación con la Gobernación de La Guajira programen y realicen el suministro provisional de agua potable a esos sectores en una proporción que garantice el consumo diario. La cantidad de agua a proveer debe obedecer al volumen mínimo razonable establecido por parámetros dados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar entre 50 y 100 litros de agua por persona en un día para asegurar todas las necesidades de salud.

De igual forma le ordenó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que en un término no superior a tres meses estudie y apruebe los proyectos denominados “construcción del sistema de acueducto regional de La Junta, La Peña, Curazao y municipio de San Juan del Cesar”, por más de 5 mil 150 millones de pesos, y “construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los mismos sectores”, por un monto superior a los 9 mil 866 millones de pesos, siempre y cuando cumplan con los lineamientos legales, o en su defecto, dentro del mismo término o antes si es posible.

El cumplimiento de esta orden no podrá ser suspendido hasta tanto se materialicen las medidas definitivas a impartirse en la providencia para garantizar el suministro permanente y regular del agua, a través de la red de acueducto de la región afectada.