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ONU constata crisis humanitaria en frontera con Venezuela y denuncia violación del derecho internacional del refugiado

VENEZUELA- FRONTERA 2–La Organización de Naciones Unidas, ONU, reportó en las últimas horas que ha venido constatando la grave crisis humanitaria que se registra en la frontera con Venezuela por la expulsión masiva de colombianos y reconoció que se han producido atropellos por parte de las autoridades venezolanas.

“Recibimos denuncias sobre refugiados y solicitantes de asilo quienes pese a su status habrían sido obligados a regresar a Colombia. Estamos verificando estos casos, de ser constatado constituiría una violación del derecho internacional de refugiado”, afirmó Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,PNUD, en Colombia.

De acuerdo con el informe de la ONU, en los últimos nueve días en promedio 1.500 personas han cruzado a diario la frontera en Norte de Santander lo que ha generado una crisis humanitaria.

El informe sobre lo constatado en la frontera colombo-venezolana hace las siguientes precisiones:

Una misión de representantes del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia recorrió los albergues en Cúcuta y Villa del Rosario en la frontera con Venezuela, para conocer de primera mano la situación humanitaria de los colombianos que han sido deportados y retornados en los últimos días. De igual forma, reforzar el trabajo que desde el inicio de la emergencia realiza Naciones Unidas en el terreno, a la que ha respondido de manera coordinada y complementaria con las autoridades nacionales.

La delegación fue encabezada por Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario y representante del PNUD; Stephan Jaquemet, representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Max Bonnel, jefe adjunto de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA); Deborah Hines, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Alejandro Guidi, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Durante el recorrido, en albergues en Villa del Rosario y Cúcuta, la delegación de ONU conoció, entre otras situaciones, que cerca de 10.000 personas han retornado desde Venezuela y otras 1.100 han sido deportadas, en la frontera con Cúcuta, según las cifras oficiales recogidas por OCHA. Mientras que en Arauca y La Guajira, se ha informado que más personas han cruzado la frontera. Esta situación ha generado una crisis humanitaria de importantes dimensiones.

“Nos preocupa enormemente que hasta 1.500 personas están cruzando la frontera a diario, muchas de ellas en difíciles condiciones a través de trochas y del río. Algunas de esas personas fueron obligados a abandonarlo todo y hoy padecen una situación de necesidad e incertidumbre frente a su futuro”, expresó Fabrizio Hochschild.

“Estamos aquí desde el momento que comenzó la emergencia. Más de 15 funcionarios de Naciones Unidas en Cúcuta están dedicados de tiempo completo a trabajar de la mano de las autoridades nacionales para responder a las necesidades de la población deportada y retornada”, añadió.

Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU
Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU

Desde el inicio de la emergencia la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Organización Internacional para las Migraciones han activado su respuesta. A este esfuerzo se sumó el Programa Mundial de Alimentos con asistencia alimentaria y Unicef en apoyo al ICBF.

“Se destaca el trabajo que están haciendo nuestros socios humanitarios, en especial el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), el Servicio Jesuita para los Refugiados y la Pastoral Social”, destacó Max Bonnel, de OCHA.

“Nos preocupa enormemente que hasta 1.500 personas están cruzando la frontera a diario, muchas de ellas en difíciles condiciones a través de trochas y del río. Algunas de esas personas fueron obligados a abandonarlo todo y hoy padecen una situación de necesidad e incertidumbre frente a su futuro”, expresó Fabrizio Hochschild.

“Estamos aquí desde el momento que comenzó la emergencia. Más de 15 funcionarios de Naciones Unidas en Cúcuta están dedicados de tiempo completo a trabajar de la mano de las autoridades nacionales para responder a las necesidades de la población deportada y retornada”, añadió.

Desde el inicio de la emergencia la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Organización Internacional para las Migraciones han activado su respuesta. A este esfuerzo se sumó el Programa Mundial de Alimentos con asistencia alimentaria y Unicef en apoyo al ICBF.

“Se destaca el trabajo que están haciendo nuestros socios humanitarios, en especial el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), el Servicio Jesuita para los Refugiados y la Pastoral Social”, destacó Max Bonnel, de OCHA.

Luego de visitar Villa del Rosario donde se encuentra uno de los mayores albergues, los delegados de la ONU escucharon casos de separación de familias, pérdidas de sus medios de vida, demolición u ocupación de sus viviendas y destrucción de sus documentos de identidad, entre otros abusos durante su salida forzosa.

A pesar los esfuerzos nacionales de respuesta persisten necesidades en albergues, registro, agua y saneamiento, salud y hay vacíos en protección. En los albergues los afectados expresaron su preocupación por su futuro y el de sus familias que en muchos de los casos continúan en el otro lado de la frontera.

El representante de ACNUR, Stephan Jaquemet, insistió en la necesidad de que estas personas reciban asistencia y protección. “ACNUR ha entregado refrigerios y raciones alimentarias en los puntos de ingreso y asentamientos de la población retornada, kits de aseo, colchonetas, colchones, juegos de sábanas, cobijas térmicas y toallas entre otros. Los beneficiarios de esta ayuda se estiman en más de 2.000 personas”, dijo.

“Recibimos denuncias sobre refugiados y solicitantes de asilo quienes pese a su status habrían sido obligados a regresar a Colombia. Estamos verificando estos casos, de ser constatado constituiría una violación del derecho internacional de refugiado”, agregó.

La Organización Internacional para las Migraciones continúa apoyando el registro de las personas retornadas e insiste en que estos esfuerzos son necesarios en otras zonas de la frontera como La Guajira y Arauca donde ya se documentan casos de retorno y deportación. De igual forma, en el marco de un convenio con Cancillería, OIM también ha apoyado el traslado terrestre de cerca de 272 deportados y retornados a sus lugares de origen..

Las agencias de Naciones Unidas están realizando misiones diarias a la zona rural de Villa del Rosario y Puerto Santander para conocer las necesidades de la población y apoyar la respuesta del Estado Colombiano.

“El PMA ha puesto a disposición su capacidad de respuesta para garantizar con un enfoque diferencial la alimentación de la familias que retornan y se reintegran a la sociedad, mediante alimentación escolar y asistencia alimentaria a través de bonos electrónicos para ser redimidos en tiendas y supermercados”, enfatizó Deborah Hines, Representante del Programa Mundial de Alimentos en Colombia.

La asistencia del sistema en Colombia no se limitará a la fase de la emergencia y continuará con la estabilización socioeconómica de la población retornada y deportada.

Se continuará con el apoyo a los esfuerzos nacionales de respuesta y se reitera la disposición a movilizar recursos adicionales en caso de ser requerido por el Gobierno Nacional.

Naciones Unidas tiene presencia permanente en el Puesto de Mando Unficado –PMU- en el que Gobierno colombiano coordina la respuesta desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

“En medio de la crisis hemos escuchado durante nuestra visita que esta emergencia plantea problemas más de fondo en la frontera y es necesario trabajar en la generación de alternativas económicas lícitas y la promoción de una cultura de la legalidad”, explicó Hochschild.

Naciones Unidas continuará respondiendo a la emergencia con una estrategia de largo plazo a través de intervenciones integrales que ayuden a mejorar las condiciones y oportunidades de la población en la zona fronteriza.

“La mejor forma de hacerlo es a través del diálogo y la cooperación entre los dos países”, finalizó el Coordinador Humanitario de la ONU.