Judicial

Fiscalía ordena la captura de 22 militares por ‘falsos positivos’

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La Fiscalía General profirió este miércoles 22 órdenes de captura contra militares activos y retirados y dos civiles por casos de falsos positivos en Antioquia y Cesar.

Según la investigación adelantada por las autoridades, el primer caso ocurrió el 29 de septiembre de 2004, cuando tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4 del Ejército declararon haberse enfrentado con un grupo de guerrilleros de las Farc en la vereda San Gregorio en Nariño (Antioquia).

El reporte indicó que se presentaron dos guerrilleros muertos y la incautación de material de guerra. Sin embargo, las dos personas que los militares presentaron como guerrilleros muertos en combate fueron reportadas como desaparecidas por parte de sus familiares en el municipio de La Ceja (Antioquia).

Por este caso fueron llamados a juicio ocho militares: dos tenientes coronel, uno de ellos retirado; un sargento segundo; tres soldados profesionales, uno de ellos retirado, y un mayor. Todos fueron acusados por las autoridades de ser los presuntos coautores del delito de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

El segundo caso se relaciona con el homicidio de 16 campesinos que fueron presentados como muertos en combate en el año 2007. Este hecho ocurrió en jurisdicción del Batallón Especial Energético y Vial, José María Cancino del Ejército Nacional.

La Fiscalía ordenó la captura de 14 militares: un coronel en retiro, un teniente coronel, cinco mayores, dos de ellos retirados; un capitán, un teniente retirado, un subteniente, un sargento viceprimero, dos sargento segundo y un cabo. Según el ente acusador, Cinco de ellos ya han sido detenidos por otros procesos.

De igual forma, la Fiscalía ordenó la captura de dos civiles quienes, según el ente acusador, habrían actuado como los reclutadores de las posibles víctimas.

Este proceso inició tras la denuncia de varios miembros de la fuerza pública en la que revelaron como se organizaron dentro del Batallón para coordinar el pago de las recompensas y contactar a los civiles que se encargarían del reclutamiento de las víctimas.