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Contradictores Vs los Robín Hood de la Reforma de Equilibrio de Poderes

cortecosntitucionalEl acto legislativo bandera del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pasó a su recta final al exponerse en audiencia pública ante la Corte Constitucional, que en últimas, deberá decidir si hace o no efectivas las demandas contra la acción parlamentaria aprobada en junio por el Congreso de la República. El principio de la controversia que tiene tanto de largo como de ancho y que genera expectativa especialmente al pretender darle dientes al ejecutivo sobre el órgano judicial, radica en que para el primer demandante de la reforma, el abogado y exconcejal Flavio Maya, con este acto se romperían los principios democráticos de la Constitución.

Como se sabe, ese acto legislativo, bandera del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no sólo acabó con la reelección presidencial sino que eliminó muchos de los privilegios que tenían las altas cortes.

Por el lado de la Cote, muchos de sus magistrados comparten la profunda molestia que tiene la rama con la reforma, tanto así están recogiendo firmas para convocar a un referendo y derogar ese acto legislativo.

Corte Suprema: declararla inexequible

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de hacer un pronunciamiento de fondo sobre las demandas en contra de la reforma de equilibrio de poderes puesto que «carecen de los requisitos mínimos jurisprudencialmente exigidos». Pidió además, que si la Corte decide fallar, declare «inexequible» -o tumbe-el acto legislativo que da vida a la reforma.

Para Bustos, la competencia transitoria asignada a la sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para asumir el conocimiento de los procesos disciplinarios contra los empleados de la Rama Judicial «viola el principio de unidad de materia y cercena derechos constitucionales al omitir precisar qué pasará con los procesos disciplinarios que cursan actualmente, pues no se establece qué autoridad será la encargada de tramitarlos».

También dijo que se viola al artículo 116 de la Constitución al permitir que colegios de abogados sancionen las conductas antiéticas de los abogados. Cuestionó además que se le dé a la Corte Constitucional la facultad de dirimir conflictos de competencias. Adicionalmente criticó que la Comisión de Gobierno Judicial sólo puede funcionar si se crea previamente una ley estatutaria.

Consejo de Estado: reforma timorata y discriminatoria

El presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, afirmó que está reforma «en nada beneficia a los ciudadanos de a pie» y que la oposición de magistrados como él, no implica que estén solicitando prerrogativas o beneficios.

Vergara afirmó que la reingeniería del Consejo Superior de la Judicatura y del juzgamiento de altos dignatarios, no daba espera. «Otra cosa es que no compartamos su diseño por timorato, insuficiente y discriminatorio».

Timorato porque se quedó corta «le faltaron dientes al tribunal de Aforados». Discriminatorio «porque lo mantuvieron para unos y lo eliminaron para otros».

Por otro lado, informó que la reforma pone en riesgo la supervivencia del sistema democrático y de las instituciones. Indicó que no hay unidad de materia en la reforma ya que se mezclan asuntos de carácter político y partidista. «Esta combinación de temas no resulta viable ni adecuada», agregó.

También afirmó que la reforma desequilibra el balance normal de las Cortes y desajusta «gravemente el balance judicial del constituyente del 91».

Por otro lado, la extrema derecha y la izquierda, Centro Democrático y Polo Democrático, respectivamente, concordaron con el demándate del acto legislativo y también pidieron a la Corte Constitucional que tumbe la Reforma de Equilibrio de Poderes por estimar que esta sustituyó a la Constitución y eliminó ejes definitorios de la carta magna.

El senador del Centro Democrático, Jaime Amín, cuestionó que con el pretexto de eliminar la reelección presidencial «se le haya metido tijera a la Constitución en diferentes temas”, provocando un impacto negativo al modificar toda la estructura de la Justicia y creando supuestamente trabas para acceder al servicio de justicia.

Por su parte, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo Castillo le pidió a la Corte Constitucional que derogue la reforma por considerarla abiertamente inconstitucional y que «desvertebrar la independencia de la Rama Judicial.

La Rama Judicial, la punta del iceberg en la reforma y que despertó la furia del omnímodo Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre y el primer enfrentamiento que sostiene con el gobierno Santos, no podía quedar por fuera y mucho menos siendo uno de los demandantes del acto legislativo argumentado vicios constitucionales en varios artículos aprobados, además de considerar que el acto atenta contra el equilibrio de las ramas del Estado, especialmente la judicial de la cual es rector.

Hoy vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo pidió a la Corte Constitucional que, en primer lugar, se inhiba de pronunciarse sobre las demandas que se han presentado contra la Reforma de Equilibrio de Poderes por estar mal presentadas pero que, si decide hacer el estudio, tumbe la norma.

En audiencia pública que no versó sobre la demanda que la Fiscalía presentó, Perdomo dijo que las demandas no son suficientes para realizar un debate sobre si esta norma sustituye o no la Constitución.

Perdomo argumentó que para la Fiscalía toda la Reforma de Equilibrio de Poderes por estimar que sustituye la Constitución y afectan de manera directa la Rama Judicial en un debate que tuvo además vicios de forma. Según él “no hubo unidad de materia, hubo temas que se integraron a lo largo de los debates sin que tuvieran todos los debates necesarios y se introdujeron temas a última hora como el alargue del periodo de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura”.

Además dijo que la norma creó un vacío temporal sobre quien tiene la competencia para juzgar disciplinariamente a algunos aforados por lo que se estaría sustituyendo a la Constitución.

“La Corte debe declarar la inconstitucionalidad de todas las normas con el fin de mantener la integridad de la Carta como componente normativo lógico y racional”, señaló Perdomo.

Cabe aclarar que la demanda interpuesta por el Fiscal Eduardo Montealegre, no será tratada este miércoles, pue promete abrir un enorme debate jurídico.


Los Robin Hood de la reforma:

El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, por el Partido Liberal defendió la capacidad del Congreso de reformar la Constitución y en ese sentido le pidió a la Corte Constitucional que avale la Reforma de Equilibrio de Poderes y desestime dos demandas hechas contra el proyecto, entre ellas una del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

La senadora Claudia López le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de pronunciarse de fondo sobre este caso, aunque defendió la Reforma de Equilibrio al estimar que la misma es un instrumento valioso para reformar las instituciones del Estado y que no fue una modificación «caprichosa» de la Constitución.

En audiencia pública, la senadora López dijo que no existe «ningún principio que enajene a una rama del poder público de ser reformada» y esto implica que sí se pueden hacer modificaciones a las Instituciones, como lo fue la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, solicitó a la Corte Constitucional que se inhiba de pronunciarse sobre dos demandas que se presentaron contra la Reforma de Equilibrio de Poderes por estimar que no cuentan con los requisitos mínimos exigidos para ser estudiadas.El ministro Cristo en todo caso defendió la legitimidad de la reforma constitucional al estimar que tiene varias virtudes como la eliminación de la reelección presidencial y porque eliminó prácticas indebidas en el poder Judicial.

Cristo dijo que Colombia estaba acostumbrada a reformar las instituciones de forma separada y no integrada, y que esta en cambio sí ha logrado modificaciones en conjunto que, dijo, “es su gran virtud”.

Así mismo, defendió la competencia para hacer dicha modificación y para eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, a la que calificó de ineficiente para la administración de la Rama Judicial.

Durante la audiencia pública en la Corte Constitucional, el procurador general reveló su postura en respaldo de la reforma.

Para el procurador Alejandro Ordoñez la Corte no tiene capacidad de determinar si la reforma de equilibrio de poderes pueda sustituir la constitución. Por eso le pidió a la Corte que se declare inhibida para decidir sobre demandas que pretenden tumbar la reforma.

Sin embargo, el procurador también conceptuó que en el caso de que la Corte quiera fallar de fondo, se declare exequible o se le dé vía libre al acto legislativo de esta reforma constitucional ya que, a su juicio, la reforma «no sustituye la Constitución».

Para Ordoñez, la reforma no sustituye ni la autonomía ni la independencia judicial. «Creo que es equivocado pensar que la independencia de la Rama se vea afectada por la participación del ejecutivo», afirmó.

Considera que, según la reforma, la rama judicial se investigará a ella misma. La Procuraduría no podría investigarlos.