Después de que se conociera sobre la captura del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en horas tempranas de este viernes, agentes del CTI de la Fiscalía General apresaron al procurador judicial Hernán Jovel Muñoz quien al parecer, habría recibido un soborno de 2.000 millones de pesos para no que abriera una investigación contra el exmandatario cundinamarqués, por su presunta responsabilidad en la entrega de coímas para la adquisición de contratos de mantenimiento de la malla vial de la ciudad capital en el denominado ‘carrusel de la contratación’.

La acción judicial se da en el marco de la investigación que se le adelanta contra Cruz por su presunta participación en el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

El funcionario será trasladado al búnker de la Fiscalía General, en donde deberá permanecer mientras se le adelanta un juicio en su contra.

Los hechos del particular corresponden a que, durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Cruz entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial y Rehabilitación Vial en Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban dicha entidad, para generar favorecimientos en la ejecución de contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica, compuestos por las empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos.

El mandatario departamental habría incurrido en estos delitos, por presuntamente haber en ejecutado un contrato por 24 mil millones de pesos, adjudicado en el año 2009 por la administración de Bogotá, para el suministro de asfalto para reconstruir la malla vial de la ciudad capital.

Según el fiscal del caso, el gobernador Cruz Vargas entregó a funcionarios y concejales de la ciudad dineros para que en la licitación respectiva se favoreciera a la empresa Unión Temporal Asfaltos.

De acuerdo con el organismo investigador, el monto del dinero entregado por Cruz Vargas ascendió a 800 millones de pesos, que salieron del anticipo del mismo contrato.

La Fiscalía General de la Nación le imputará el próximo 2 de septiembre, los delitos que se le imputaran serán, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza calificado por presuntamente ofrecer dádivas para la adquisición de contratos para obras de la malla vial de Bogotá, por parte de la empresa ICM Ingenieros, de la cual sería propietario.