Economía

Azucareros apelarán sanción de $320 mil millones impuesta por SuperIntendencia

RiopailaA través de un comunicado, la refinadora Riopaila Castilla anunció que ante la millonaria multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio de $320 mil millones de pesos por la cartelización en los precios de compra de la caña de azúcar, cuyo fin era frenar u obstruir las importaciones de azúcar de países como Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, acudirá al recurso de reposición ante la entidad.

Riopaila señala en su comunicado que “consideramos que durante el proceso se han cometido fallas graves procesales y se nos ha violado el debido proceso, el derecho legítimo a la defensa y atentado contra nuestro buen nombre”.
Por tal motivo asegura, acudirá al recurso de reposición ante la entidad. Además como lo hemos manifestado y lo haremos de nuevo.

“Como lo demostramos en nuestra defensa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y tal y como lo pudo comprobar el Delegado de Protección de la Competencia de la misma Superintendencia, Riopaila Castilla nunca ha incurrido en acuerdos de cuotas de producción cargo sobre el cual fuimos totalmente exonerados” señala en el comunicado enviado.

Y agrega que “por el contrario, la compañía en el ánimo de competir y ganar mayor participación de mercado implementa desde hace varios años una decidida estrategia comercial y de mercadeo para posicionar su marca dentro de los hogares colombianos y los clientes industriales, basada en el entendimiento que hacemos parte de un mercado de “commodities” y en un entorno donde hay libertad para la importación de azúcar bajo las políticas públicas vigentes. Así mismo ha hecho importantes inversiones para aumentar la productividad y competitividad de la empresa”.

Según la refinadora, “en el período investigado por la SIC las cantidades vendidas y los ingresos operacionales de nuestra empresa han tenido variaciones significativas. El mismo informe motivado de la SIC reconoce que la participación en las ventas en los diferentes canales de comercialización variaron y que Riopaila Castilla es uno de los que creció de forma resaltable”.

Por otra parte, a pesar de un hecho evidente, Riopaila Castilla señala que “ha logrado incrementar su participación de mercado y mantener su capacidad instalada en producciones alrededor del 90%, estrategia que sería contraria a un entorno de repartición de cuotas de mercado” muy a pesar de que la escasez de tierras en el Valle del Cauca para sembrar la materia prima esencial para la producción de azúcar y la creciente competencia del mercado.

Asimismo afirma que Riopaila Castilla nunca ha participado ni organizacionalmente, ni ninguno de sus funcionarios, en acuerdos o ha emprendido acciones para impedir las importaciones de azúcar.

Para la compañía, en el informe emitido por el Superintendente Delegado no hay ninguna prueba que comprometa la responsabilidad de Riopaila Castilla ni de ninguno de sus funcionarios: “En este sentido es de resaltar que el actual Presidente y Representante Legal de Riopaila Castilla, Djalma Teixeira de Lima Filho, así como su antecesor Alfonso Ocampo Gaviria, fueron exonerados de todos los cargos”.

Finalmente el comunicado concluye indicando que “Riopaila Castilla reitera que a lo largo de sus 97 años de trayectoria empresarial ha venido adelantando sus acciones bajo el cumplimiento de la Ley colombiana y así lo seguirá haciendo.

Adicionalmente, la compañía se mantiene en la constante búsqueda e implementación de buenas prácticas que no sólo garantizan la calidad de los productos, sino que atienden el interés y compromiso de la organización con la sostenibilidad, la trasparencia y en alcanzar los más altos estándares en todos los niveles de la organización, bajo una cultura de integridad y cumplimiento”.

Superindustria sanciona a “cartel del azucar” con $320.000 millones de pesos

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a ASOCAÑA, CIAMSA, DICSA y a doce ingenios azucareros por cartelización empresarial por haber incurrido durante varios años en una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacía Colombia, concretamente Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

También sancionó a CATORCE (14) ALTOS DIRECTIVOS del sector azucarero por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta anticompetitiva sancionada en la modalidad de cartelización empresarial.

Las sanciones impuestas por la Superindustria ascienden, en total, a una suma superior a los $320 mil millones de pesos.

Las multas impuestas a los ingenios no superan el siete por ciento (7%) de sus ingresos operaciones anuales ni el siete por ciento (7%) de su patrimonio.

Para la imposición de las sanciones, se tuvo en cuenta como agravante que algunos de los ingenios y personas naturales sancionadas multados, habían sido declarados responsables en el año 2010, por cartelización en los precios de compra de la caña de azúcar a los cultivadores.

De otra parte, la Superindustria concluyó que el FEPA como mecanismo de intervención del Estado en la economía, fue desnaturalizado por las decisiones que durante muchos años adoptó su Comité Directivo, convirtiéndolo en un instrumento idóneo para la repartición de cuotas de producción o suministro de azúcar en el mercado colombiano.

No obstante haberse concluido que el FEPA se encuentra desnaturalizado, al tratarse de un instrumento de política pública de intervención del Estado en la economía, la Superindustria, por expresa disposición legal, tiene restringidas sus facultades sancionatorias, razón por la cual exoneró a todas las personas jurídicas y naturales investigadas respecto de la conducta de cartelización empresarial de reparto de cuotas de producción o suministro de azúcar en Colombia.

Finalmente y con el objetivo de corregir las irregularidades advertidas en el funcionamiento del FEPA, la Superindustria ordenó a su Comité Directivo y al propio Gobierno Nacional que proceda a revisar dicho instrumento de política pública en un término máximo de seis (6) meses y poner a disposición de la Superindustria las nuevas metodologías para garantizar que el FEPA se haya ajustado a los propósitos establecidos en la ley.

Conclusiones de la investigación:

Los ingenios investigados, han actuado coordinadamente y se han comportado en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia que debería existir en un sector en el que participan varios jugadores con facultades para competir vigorosamente.

En virtud de su conducta coordinada, los investigados han desarrollado múltiples escenarios de concertación traducidos en organismos comunes, que a todas luces exceden sus derechos de asociación y libre empresa, y que les permiten generar espacios para diseñar, discutir y poner en marcha estrategias y proyectos estrechamente relacionados con su desempeño competitivo.

Se identificó que históricamente ha existido una preocupación constante por parte de los investigados, en relación con el azúcar proveniente de países con capacidad para exportar dicho producto hacia Colombia, lo cual ven como una amenaza.

Para contrarrestar la amenaza que suponía para sus intereses la entrada al país de azúcar proveniente del exterior, los investigados concibieron y ejecutaron deliberadamente una estrategia anticompetitiva, ilegal, concertada, coordinada y continuada encaminada a bloquear importaciones de azúcar a Colombia en general, para evitar que aumentara la oferta y disminuyera el precio interno que pagan los consumidores y la industria.

Adicionalmente, se evidenció el interés de los investigados por asegurar y mantener el control sobre los excedentes de azúcar de los principales ingenios de la región para que no pudieran ser exportados a Colombia. Para este propósito, los investigados concibieron varias estrategias, incluso, la creación de empresas para adquirir excedentes regionales y evitar que estos llegasen a Colombia.

Un primer caso encontrado por esta Superintendencia que evidencia el desarrollo de la estrategia para obstruir importaciones por parte de los investigados, fueron las negociaciones con los ingenios bolivianos con el propósito exclusivo de controlar sus excedentes y procurar que estos no exportaran “ni un grano de azúcar a Colombia”, y así evitar que los mayoristas y comerciantes colombianos accedieran al producto a través de importaciones.

Otro ejemplo de la materialización de la estrategia de los investigados dirigida a bloquear la entrada al país de azúcar proveniente de otros países, consistió en la obstrucción a través de ASOCAÑA y CIAMSA a industriales colombianos que requieren azúcar como insumo, para que la importen directamente de ingenios extranjeros. Esta conducta fue ejecutada en varios escenarios y para países como Costa Rica, Ecuador, Guatemala y El Salvador en los que se demostró que la posición de los investigados era impedir o al menos obstaculizar la compra directa de azúcar a ingenios extranjeros por parte de industriales y comerciantes colombianos, a través de convenios con ingenios extranjeros o sus agremiaciones para que las ventas directas a industriales requirieran la tramitación de diferentes autorizaciones y permisos especiales impuestos por ellos mismos.