El mayor general Jorge Rodríguez, director de la Dijín informó sobre la captura en las últimas horas de 22 personas, supuestos piratas informáticos sindicados del millonario desfalco por 627 millones de pesos la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, en la capital de la República.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades esta organización contactaba a funcionarios de tesorería, sistemas o talento humano, donde era instalado un software invasivo que les permitía el acceso a archivos con información financiera para posteriormente realizar las transferencias ilegales en diferentes cuentas bancarias, no autorizadas.

Luego de tener acceso a las empresas de las que iban a sacar los recursos, procedían a vaciar las cuentas y a distribuirlo a las cuentas de los responsables del ilícito.

El pasado 26 de abril de 2014 investigadores adscritos al Centro Cibernético Policial de la Dijin asumieron la investigación por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes, hurto calificado y concierto para delinquir, mediante la modalidad de trasferencias electrónicas no autorizadas estableciendo que el dinero hurtado, $627.772.109, fue distribuido en 22 cuenta destinos.

El 25 de abril de 2014 se generó una alerta en Colpensiones donde fue afectada una cuenta de ahorros, usando los sistemas informáticos correspondientes al pago de la nómina de servidores públicos de la Administradora Colombiana de Pensiones.

“La investigación llevó a analizar cómo desde cuentas que tenían cotidianamente saldos muy bajos, se realizaron retiros de dinero con cuantías altas. Dichos retiros no coincidían con los registros de saldos disponibles. Indagando los movimientos de estas cuentas receptoras, no se observó el origen y los medios o canales por donde ingresaron estos fondos, es decir las cuentas destinos no recibieron transferencias de dinero por los medios legales establecidos (transferencias, consignaciones, cheques, traslados, pagos)” reveló el alto oficial.

Una vez trasferido el dinero de la cuenta de la víctima a las cuentas receptoras, éste inmediatamente era retirado y reunido por un integrante de la organización dando una participación del 10 por ciento del total consignado a quien facilitaba la cuenta destino de los giros no autorizados.

La organización estaba compuesta por un grupo de especialista que desempeña deferentes roles como el rompedor de contraseñas o hacker, los reclutadores y captadores que obtenían los nombres de los titulares de las cuentas para la transferencia del dinero, y finalmente los beneficiarios de las transferencias de dinero.