La Procuraduría General de la Nación convocó a audiencia pública a los señores Óscar Mauricio Ortiz Perdomo y Hernando Ruíz Vargas, dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), adscritos al Establecimiento Carcelario de San Gil (Santander).

De acuerdo con el Ministerio Público, a los uniformados se les endilga el haber asistido al trabajo en grado uno de embriaguez. Con ocasión del “Plan de Marcha”, portando armas y munición de dotación oficial, los sujetos realizaban un servicio de remisión de internos y cuando regresaban de Bucaramanga al citado centro de reclusión en un vehículo oficial aprovecharon este recorrido, al parecer, para consumir alcohol.

A juicio de la Procuraduría Regional de Santander un servidor público no está en capacidad de dirigir su voluntad y su inteligencia al normal desenvolvimiento de su órbita funcional si trabaja bajo el efecto de bebidas alcohólicas, pues estas afectan sus capacidades motoras, racionales y psíquicas impidiendo el normal desenvolvimiento laboral.

Para el ente disciplinario los dragoneantes podrían haber trasgredido los artículos 123 y 209 de la Constitución Política, en los cuales, respectivamente, se preceptúa que los servidores públicos deben ejercer sus funciones en la forma dicha por esa Carta y la Ley y, que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales.

De igual forma consideró que podrían estar incursos en falta disciplinaria por incumplir el Código Nacional de Tránsito Terrestre y el Decreto 2535 de 1993 en el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos.

El órgano de control señaló que, al parecer, los señores Ortiz Perdomo y Hernando Ruíz Vargas vulneraron con sus actuaciones la moral como principio constitucional, asumiendo un comportamiento que la sociedad no espera de quienes pertenecen al cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec.
Por considerar que la actuación de los agentes estatales podría haber incidido en la garantía de la función pública y afectado de manera clara los deberes funcionales, provisionalmente, el órgano de control calificó las faltas de los investigados como graves cometidas a título de dolo.

La diligencia disciplinaria tendrá lugar el 9 de diciembre de 2015, a partir de las 02:00 de la tarde en el auditorio de la Procuraduría Regional de Santander, ubicado en la calle 37 N° 12-08.