Con el acuerdo sobre Víctimas alcanzado en La Habana, la Defensoría del Pueblo se comprometió con la convocatoria de una comisión asesora en derechos humanos, que formule recomendaciones con énfasis en la promoción y protección de las garantías fundamentales para quienes han sido afectados como consecuencia del conflicto.

La Entidad destaca que los principios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición privilegien los derechos de las víctimas, pero espera que en los acuerdos sobre el fin del conflicto se recojan las sugerencias para la desvinculación de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la confrontación.

Considera que el sistema es un avance significativo hacia la seguridad jurídica como presupuesto de una paz sostenible y duradera, al tiempo que confió en que el Acuerdo Final y las normas de amnistía incluidas en la Jurisdicción Especial para la Paz se ajusten a los estándares internacionales que protegen los derechos de las víctimas. En este sentido, la Entidad resaltó que la verdad no sea únicamente judicial, sino que a través de mecanismos alternos como la Comisión especial para el Esclarecimiento de la Verdad se promueva el trabajo en los territorios, la interacción directa con las víctimas, y se garantice un enfoque diferencial.

En relación con este tema, la Defensoría del Pueblo consideró importante mantener la distinción entre grupos que han sido objeto de patrones históricos de discriminación como mujeres, indígenas, afrocolombianos y la población LGBTI, frente a otros colectivos como empresarios, comerciantes y ganaderos, quienes si bien han sido igualmente afectados por la guerra, tienen una condición diferente.

Paralelamente, la Defensoría reiteró su compromiso para contribuir con recomendaciones precisas de cara a la creación de una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas con ocasión del conflicto, a fin de propiciar acciones humanitarias para la identificación, localización y entrega de aquellos cuyo paradero no ha sido establecido, como resultado de situaciones asociadas a la confrontación.

Aunque ponderó la adopción de nuevas medidas de reparación integral para las víctimas a la luz del acuerdo, como el fortalecimiento de la política pública vigente, el reconocimiento oportuno de responsabilidad y la construcción de un mapa de victimización individual y colectivo, el organismo rector de los derechos humanos en Colombia llamó la atención para que durante las discusiones sobre el fin del conflicto y de cara al Acuerdo Final, se tengan en cuenta las sugerencias entorno a la desvinculación de niños, niñas y adolescentes, al igual que la restitución de sus garantías fundamentales.

La Defensoría del Pueblo enfatizó en la necesidad de difundir masivamente el borrador de 63 páginas dado a conocer en el marco de los acuerdos alcanzados sobre el punto de las Víctimas, para facilitar la comprensión y el conocimiento de todos los ciudadanos, pues serán ellos quienes democráticamente decidirán si respaldan o no los compromisos adquiridos por las partes, y valoró la voluntad expresada por el Gobierno y las Farc para garantizar el cumplimiento de lo pactado, asumir responsabilidades y avanzar hacia un cese bilateral definitivo y verificable.