–En un hecho sin antecedentes, la Cámara de Representantes, en sesión reservada, determinó acusar por indignidad política ante el Senado de la República al controvertido magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, por el escándalo de corrupción con la tutela de Fidupetrol.

Esta es la segunda oportunidad en 56 años que un proceso adelantado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes llega a esta instancia.

El primero ocurrió en 1959 contra el general Gustavo Rojas Pinilla, quien fue enjuiciado por el Senado de la república por sus actuaciones en la presidencia de la república, cargo al cual llegó tras dar un golpe de Estado.

El Senado le quitó sus derechos políticos tras declararlo «indigno», pero finalmente el juicio no tuvo las consecuencias previstas en el ordenamiento legal, pues cinco años más tarde, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Rojas Pinilla y le restituyó sus derechos políticos.

Otro sonado caso que abordó la Comisión de Acusación, pero que no llegó a esta instancia, fue el del expresidente Ernesto Samper por la supuesta filtración de dineros del narcotráfico a su campaña electoral.

Finalmente, el proceso contra Samper Pizano fue archivado por la plenaria de la Cámara de Representantes.

En en el segundo caso de Pretel Chaljub, este será enjuiciado por el delito de concusión por haber exigido dinero para para favorecer a la firma Fidupetrol en el trámite de una acción de tutela.

Como resultado de la decisión de la Cámara de Representantes, ahora la plenaria del Senado deberá integrar una comisión de instrucción con 7 congresistas, quienes tendrán que elaborar un informe de acusación para someterlo a consideración de la misma corporación en pleno, que si lo aprueba lo declarará indigno y lo despojará de sus derechos políticos.

Si esto sucede, el caso pasará a consideración de la Corte Suprema de Justicia que lo procesará penalmente y si lo encuentra culpable, podrá condenarlo a una pena de 4 a 8 años de cárcel, tal como lo establece el Código Penal Colombiano, que además prevé «una multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal”.