El Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ejército Nacional por el secuestro del que fue víctima un aspirante a la Cámara de Representantes en el departamento del Huila en febrero del 2002, cuando fue retenido por miembros del grupo armado Farc en un retén en la carretera que comunica los municipios de Suaza y Florencia.

La decisión ordenó el pago de más de 1.300 millones de pesos por concepto de perjuicios morales a la víctima y sus familiares, debido a los tratos inhumanos que recibió durante sus 18 meses de cautiverio. Así mismo, exhortó al Presidente de la República, como cabeza de las negociaciones de paz en La Habana, para que se transmita a la organización insurgente Farc y a sus dirigentes la necesidad de ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido y explicar los hechos que constituyeron el secuestro, dentro de los dos meses siguientes.

En su defensa, el Ejército afirmó que dentro de sus funciones no está la prestación de seguridad de manera individual y que ninguna de sus actuaciones, por acción u omisión, facilitó el desenlace de los hechos.

La Sección Tercera explicó que, en este caso, el secuestro se debió a un conjunto de actividades desplegadas en contra de la población civil, las cuales se desarrollaron con la anuencia, por la debilidad o deficiencia del Estado en el mantenimiento de la soberanía y la seguridad de los derechos de los ciudadanos luego de la terminación de las negociaciones de paz y de la zona de distención. Por tal razón, se habla de la afectación al principio fundamental de la democracia, pues no se ofreció la seguridad y protección a las personas, especialmente a los actores políticos de la época en sus desplazamientos por el territorio nacional.