–Tras reiterar que es «un acuerdo de impunidad» el que se está formalizando con las Farc en La Habana, Cuba, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado se plegó a los condicionamientos que anticipó la Corte Penal Internacional en torno al proceso de paz para terminar el conflicto armado en Colombia.

El pronunciamiento lo hizo Ordoñez Maldonado a propósito de las declaraciones del vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, quien advirtió que el apoyo de ese alto tribunal estará condicionado a la naturaleza de las sanciones que se impongan a aquellos que hayan cometido crímenes de guerra o violado del Derecho Internacional Humanitario.

En un comunicado, el Procurador colombiano recordó que el análisis del Acuerdo de Justicia Transicional enviado por su despacho a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, en el mes de enero, «demuestra que no existen penas adecuadas, ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino sanciones simbólicas y manifiestamente groseras. Es un Acuerdo de impunidad».

En efecto, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional expresó que este organismo se abstiene de emitir un juicio sobre el acuerdo de justicia transicional firmado con las Farc en las conversaciones de La Habana y le recordó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que Colombia se rige bajo el estatuto de Roma, por lo que no debe olvidar la contemplación de responsabilidades para aquellos que incurrieran en crímenes de guerra.

Además James Stewart se refirió a los falsos positivos y señaló que este tema es prioritario en el examen que le hacen a Colombia en La Haya.

Frente a las declaraciones del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, el Procurador General Alejandro Ordoñez Maldonado emitió el siguiente comunicado:

1. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto al Acuerdo de Justicia Transicional entre el Gobierno y las FARC ratifica que la justicia transicional debe ajustarse al Estatuto de Roma, lo exige penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos.

2. Dicha condición fue ampliamente expuesta por la Procuraduría en el documento “Mínimos Penales para Máximos Responsables”, remitido a las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC en la Mesa de Conversaciones de La Habana en agosto pasado.

3. El análisis del Acuerdo de Justicia Transicional enviado por la Procuraduría a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, en el mes de enero, demuestra que no existen penas adecuadas, ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino sanciones simbólicas y manifiestamente groseras. Es un Acuerdo de impunidad.

4. Si no se cumple con una pena de reclusión adecuada y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos por los miembros de las FARC y por agentes estatales, los Acuerdos carecerán de seguridad jurídica y no serán sostenibles.

5. La Procuraduría reitera una vez más el llamado al Gobierno Nacional y a las FARC para que se ajusten a los estándares internacionales y no pretendan imponer en Colombia un Acuerdo de intercambio de impunidades. Los crímenes atroces no pueden quedar en la impunidad, ni disfrazarse ésta con discursos políticos.