La Corte Constitucional avaló el fuero penal militar que permite que los uniformados sean procesados por jueces militares siempre y cuando este enmarcada la acción en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Este aval de la Corte permite que queden ampliadas las competencias de los tribunales castrenses para juzgar crímenes contra civiles.

Delitos cometidos por militares, como homicidios, infracciones contra la protección de la información y de los datos, entre otros contra la población civil, podrán ser juzgados por tribunales castrenses.

El fuero no cobija a los militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Este fuero ha despertado numerosas críticas nacionales e internacionales que consideran que con el mismo se debilita la independencia e imparcialidad del poder judicial.

Cabe mencionar que en el 2012 el Gobierno impulsó otro proyecto que reformaba el sistema de justicia penal militar, que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por vicios de trámite.