Se trata de un plazo de tres meses que le dio el Alto Tribunal al Ministerio de Salud para que implemente un mecanismo de recobros porque se habría presentado un presunto detrimento patrimonial con el sistema actual.

Para la Corte, el origen del posible detrimento patrimonial estaría en la falta de aplicación de reformas a los recobros que se registran en el sistema de salud.

“A este Tribunal le preocupa si las soluciones implementadas por el Gobierno Nacional son idóneas para superar la grave situación que originó el numeral vigésimo séptimo de la Sentencia T-760 de 2008 y el Auto 263 de 2012, como quiera que no advierte resultados favorables en todos los parámetros y, en algunos casos, ni siquiera se cuenta con datos para corroborar los avances o retrocesos”, dice la Corte.

El Alto Tribunal trasladó a la Procuraduría y la Contraloría General el caso para que estas entidades inicien las acciones respectivas para esclarecer si hubo ‘un eventual detrimento patrimonial en las arcas del Estado’ y determinar las responsabilidades y las sanciones respectivas.

“Para esta Corporación los reportes presentados por el Ministerio no reflejan que las dificultades estructurales que dieron origen a la orden vigésima séptima, se hayan superado, ni menos que sea razonable esperar que la misma se conjure en un tiempo prudencial, si se mantiene la regulación vigente sin modificación alguna”, dice la sentencia de la Corte.

También consideró de importancia poner en conocimiento del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el reiterativo bajo nivel de cumplimiento del Ministerio de Salud frente a las órdenes de la Corte Constitucional.