Tras fallar una acción de tutela presentada por las comunidades afrodescendientes, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno adoptar todas las medidas para garantizar el acceso, la calidad y la disponibilidad del servicio público esencial de agua potable a las comunidades indígenas y tribales que habitan en el sur de La Guajira.

El alto tribunal aceptó los argumentos presentados por la acción judicial en la que se indicaba que ni la empresa Carbones del Cerrejón Limited y las otras autoridades de la región habían cumplido con el plan de reasentamiento ordenada por el Gobierno.

Se determinó que las autoridades departamentales y locales deben ajustar las políticas para que estas amparen el mínimo vital de agua de las comunidades ancestrales en La Guajira.

De igual forma, las empresas y el Gobierno deben establecer fechas y plazos para que las comunidades indígenas y afro puedan hacer un seguimiento del plan adoptado, y evaluar su cumplimiento.

Una de las ordenes de la Corte es prever un porcentaje adicional de agua que garantice el desarrollo de procesos productivos y permita que los miembros de los pueblos interesados eliminen las diferencias socioeconómicas que existen entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones, identidad y formas de vida.

Por lo tanto, las empresas y el Gobierno deben adoptar un plan inmediato para llevar a dichas comunidades «un mínimo de acceso, disponibilidad y calidad de agua potable».

Esas medidas transitorias no podrán suspenderse cuando termine la consulta previa.

La orden le fue emitida a los Ministerios de Hacienda y Vivienda, así como también a la empresa Carbones del Cerrejón Limited, la empresa Aguas del Sur de La Guajira S.A. E.S.P., la Alcaldía Municipal de Barrancas y la Gobernación de La Guajira.
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