Así lo profirió hoy la la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal que condenó a 120 meses de prisión al excongresista Luis Fernando Almario, sumado a una multa de 11.000 salarios mínimos, por el cargo de promover el paramilitarismo.

El exrepresentante a la Cámara fue hallado responsable de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y de constreñimiento al sufragante en calidad de determinador, por parte de la Corte.

El Alto Tribunal argumentó que hubo pruebas que demostraron los vínculos de Luis Fernando Almario con el “Bloque Caquetá” de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, así como con el “Frente Sur Andaquíes” del Bloque Central Bolívar, entre los años 2001 y 2006 en momentos en que estas organizaciones ilegales orientaban su accionar en la región del Caquetá.

Testimonios de miembros paramilitares indican que concertaron con Almario Rojas la promoción de estas organizaciones como estructuras de poder que ejercían dominio en la zona, para proyectar su expansión y ganar espacios sociales y políticos en las zonas.

La Corte estimó que: Los pactos entre altos representantes de las instituciones y grupos armados a la margen de la ley, configuraron maneras muy particulares de cooptación del Estado, con la finalidad de usar la función pública al servicio de la causa paramilitar y promover la acción del grupo ilegal.

Luis Fernando Almario ya había sido destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación y ahora tendrá que esperar la decisión de la Corte Suprema en relación con su presunta responsabilidad en el crimen de la familia Turbay Cotes, caso por el que tiene un proceso penal pendiente.