Un llamado de atención a la guerrilla del ELN para que excluya a la población civil del conflicto y acate las normas del Derecho Internacional Humanitario, formuló la Defensoría del Pueblo en la antesala al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

El organismo humanitario, que encuestó a 747 víctimas en 107 municipios de 24 departamentos del país, exhortó al grupo guerrillero para que no aumente el drama de las personas afectadas por el conflicto armado, el 30 por ciento de las cuales (según el sondeo) espera que sus victimarios pidan perdón y sean sentenciados, mientras el 41 por ciento reclama garantías de no repetición en sus territorios.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría documentó 12 acciones presuntamente cometidas por el Ejército de Liberación Nacional luego de los anuncios respecto a un proceso de paz formal con esa organización, 8 de las cuales comprometerían a población no combatiente.

De acuerdo con el reporte del SAT, los hechos comenzaron a presentarse tan sólo dos días después del pronunciamiento conjunto entre el Gobierno y el ELN, con situaciones registradas en el sector Tierra Azul del municipio de El Carmen (Norte de Santander), donde hombres que portaban armas largas y brazaletes alusivos a esa guerrilla dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el alcalde de esa localidad, Edwin Contreras Castilla, quien se dirigía a Ocaña y sufrió una herida superficial como consecuencia del atentado.

Ese mismo día (1 de abril), habitantes de los barrios Bolívar, Henry Alfonso Machado y Primero de Marzo del municipio de San Calixto, también en la región del Catatumbo, estuvieron en riesgo al quedar en medio de enfrentamientos entre los guerrilleros del ELN que hostigaron la estación de Policía y el casco urbano, y las tropas de la Trigésima Brigada que reaccionaron ante la arremetida del grupo ilegal.

El mismo viernes, presuntos miembros del Frente de Guerra Occidental amenazaron y desplazaron a dos familias indígenas de la comunidad Embera Chamí del río San Juan, que integran la Asociación de Cacaoteros de Pueblo Rico (Risaralda), tras haber aparecido en un programa de televisión del Ejército Nacional como beneficiarios de un proyecto productivo impulsado por la Secretaría de Agricultura de la Gobernación.

Ese 1 de abril también fue reportado el homicidio de un hombre identificado como Dairo Cabiedes Sanguino de 21 años de edad, en hechos ocurridos en la vereda Campo Alegre de Arauquita, en la frontera con Venezuela, situación frente a la cual las autoridades investigan la posible participación del ELN.

Las acciones continuaron el 2 de abril en el corregimiento Santa Cecilia de Pueblo Rico (Risaralda), donde las comunidades de Santa Rita y Kemberedé informaron a la Defensoría del Pueblo sobre el ingreso de combatientes del ELN a los asentamientos unificados del río San Juan y Gitó Dobakú.

El 3 de abril se dio a conocer el asesinato del agricultor José Javier López Bermúdez (de 39 años) en jurisdicción de Teorama, Norte de Santander, hecho en el que habrían participado miembros del grupo guerrillero, tema frente al cual la Defensoría solicitó investigación y claridad por parte las autoridades.

Posteriormente, el 4 de abril en las veredas Barcinal y Pinares de Mistrató (Risaralda), presuntos guerrilleros del ELN hicieron presencia en los asentamientos comunitarios y amenazaron a los pobladores con un próximo reclutamiento forzado de jóvenes, en tanto que como es de conocimiento público, el 6 de abril fue instalado un retén ilegal entre los corregimientos Angostura y Playa de Oro en Tadó (Chocó), donde integrantes del frente Cacique Calarcá del ELN incineraron 8 vehículos y retuvieron a los conductores Humberto Hoyos Serna y Dairon de Jesús Ospina, cuyo paradero es aún desconocido.

Por estos hechos, la Defensoría del Pueblo le recuerda al ELN que si las condiciones pactadas con el Gobierno suponen negociar en medio de la confrontación, ello no implica involucrar a la población civil en el conflicto y desconocer los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Al reporte del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría desde el 30 de marzo hasta la fecha, se suman el asesinato del Intendente Javier Vanegas Sarmiento en El Tarra (Norte de Santander), un hostigamiento a la estación de Policía de Hacarí y dos ataques similares contra instalaciones de la Fuerza Pública en Tame (Arauca) y Barbacoas (Nariño).

Cabe agregar que respecto de la encuesta realizada por la Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado Interno, llama la atención que si bien el 54 por ciento de los 747 entrevistados sabe que tiene derecho a una reparación integral, la mayoría de las víctimas desconoce las medidas de indemnización económica y los procedimientos para el acceso a los programas (incluidos aquellos para la promoción del empleo y la vivienda).

Los hechos más recurrentes para este grupo de víctimas coinciden con el Registro Único Nacional que de las más de 7 millones 600 mil víctimas del conflicto, indica que el 87 por ciento son desplazadas, el 12 por ciento corresponde a casos de homicidio, el 3,8 por ciento a víctimas por amenazas y el 2 por ciento a quienes han sido golpeados por el fenómeno de la desaparición forzada.