Un juzgado de conocimiento de Bogotá condenó a Mariela Contreras Cruz, Zully Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Romero a 67 meses de prisión (5 años y medio) por encontrarlos responsables de los delitos de fraude procesal y estafa.

De acuerdo con el ente investigador, estas personas «engañaron a las autoridades para lograr una indemnización millonaria del Estado» cuando se hicieron pasar por víctimas de una masacre cuando realmente no lo eran.

Los tres condenados fueron de las 13 personas que recibieron una indemnización del Estado que supera los 3.000 millones de pesos.

En agosto de 2013, los tres confesaron que se presentaron como víctimas cuando no lo eran.

Según la Fiscalía, Mariela Contreras había conformado una organización para inducir en error a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que finalmente terminó condenando al Estado por esa masacre.
El juez 29 de conocimiento solicitó el pago de una multa de 225 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ocupar cargos públicos por 67 meses.

Igualmente aceptó la solicitud presentada por la defensa de los procesados y les concedió la detención domiciliaria en su finca Santa Catalina, vereda El Cocuy en Villavicencio.

Para el juez, existen pruebas documentales y testimoniales suficientes para inferir que Mariela Conteras, su hija y su yerno recibieron esta indemnización.

También se tuvo en cuenta los registros bancarios que señalan que los procesados reintegraron parte del dinero que recibieron de manera irregular, así como el compromiso firmado para entregar en los próximos meses el dinero restante.

El juez indicó que los hechos materia de investigación revisten una gravedad puesto que le mintieron a las autoridades judiciales con el fin de obtener una indemnización que no merecían afectando la credibilidad en las instituciones puesto que presentaron a cuatros de sus familiares como víctimas de la masacre.