–El Polo Democrático Alternativo denunció que las recientes actuaciones del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en contra de los procesos de restitución de tierras, evidenciarían una especie de estrategia del mismo Ordóñez, del presidente de Fedegán (Federación colombiana de ganaderos), José Félix Lafaurie, de algunos congresistas del Centro Democrático y de presuntos beneficiarios del despojo de tierras.

Según el senador Iván Cepeda Castro, esa estrategia, que pone en peligro a las víctimas de despojo, mientras protegen a despojadores, testaferros y beneficiarios de la violencia, tiene varias líneas de acción, entre las que se destacan, el descrédito de la política de restitución y el señalamiento a integrantes de organizaciones de derechos humanos y a las víctimas como integrantes o colaboradores de las guerrillas».

Al efecto, el congresista del Polo dejó una constancia en la Comisión segunda del Senado, en la que señala la participación del procurador Ordóñez y del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, en lo que denominada una «estrategia antirrestitución» denunciada por reclamantes de tierras.

En la constancia Cepeda Castro sustenta las denuncias hechas por parte de varias comunidades de Chibolo y de San Ángel (Magdalena), sobre un grupo que promueve acciones contra los procesos de restitución en el norte del país, presuntamente orquestado por Augusto Castro Pacheco, alias ‘Tuto’ Castro, y Saúl Severini (exparamilitares del bloque norte), la familia Cortina Calanche, una persona conocida como el ‘Mono Bedoya’, Gerardo Orozco (firmante del pacto de Chibolo), así como ganaderos del sector de El Difícil y de San Ángel.

El texto integral de la constancia del senador del Polo es el siguiente:

Dejo constancia de la preocupación por las recientes actuaciones del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en contra de los procesos de restitución de tierras, que ponen en peligro a las víctimas de despojo, mientras protegen a despojadores, testaferros y beneficiarios de la violencia.

En estos hechos, se evidenciaría una especie de estrategia del procurador Ordóñez, del presidente de Fedegán (Federación colombiana de ganaderos), José Félix Lafaurie, de algunos congresistas del Centro Democrático y de presuntos beneficiarios del despojo de tierras.

Esa estrategia tiene varias líneas de acción, entre las que se destacan, el descrédito de la política de restitución y el señalamiento a integrantes de organizaciones de derechos humanos y a las víctimas como integrantes o colaboradores de las guerrillas.

Los días 5 y 10 de abril de 2016, el procurador convocó dos eventos para “analizar los resultados de la política de restitución” en San Ángel (Magdalena) y San Alberto (Cesar), no obstante, varios hechos ocurridos antes y durante dichos eventos me permiten realizar la afirmación anterior:

1. El 29 de julio de 2015, la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, realizó un debate de control político en el que afirmó que las personas reclamantes de tierras eran personas aliadas o avivadas por las guerrillas en contra de los dueños de las haciendas (haciendo alusión especial a la situación en San Alberto). Afirmaciones que fueron reiteradas el 15 de septiembre en la plenaria del Senado de la República, donde señaló a integrantes de organizaciones de derechos humanos como exmiembros del EPL.

2. El 1o de abril del presente año, a través de una acción urgente (enviada desde mi oficina ese día al Sistema de Alertas Tempranas), la Corporación Jurídica Yira Castro denunció que se venía creando un proceso antirrestitución en Chibolo (Magdalena), orquestado por Augusto Castro Pacheco, alias ‘Tuto’ Castro y Saúl Severini (exparamilitares del bloque norte), la familia Cortina Calanche, una persona conocida como el ‘Mono Bedoya’, Gerardo Orozco (firmante del pacto de Chibolo), así como ganaderos del sector de El Difícil y de San Ángel. Este grupo se estaría promoviendo en varias veredas, solicitándoles apoyo económico a los ganaderos, y al parecer, con el apoyo de gente “nueva” en la región. Refiriéndose con ello, a personas que se conocen como los ‘Paisas’, quienes tendrían un vínculo directo con la familia Castaño Gil.

La comunidad denuncia que desde la liberación de alias ‘Tuto’ Castro, la situación en la zona se tornó peligrosa y cuenta cómo se utilizan nuevas figuras a través de asociaciones para generar temor en la comunidad que se encuentra en los procesos de restitución.

Así, se habría creado una asociación de víctimas de despojo del Estado para disfrazar dichas figuras, se trata de Asovide. Sobre esta nueva estrategia, denuncian que se realizó una primera reunión en febrero de 2016, a la que fueron invitados ganaderos y segundos ocupantes de Parapeto, Oceanía y otras veredas. Aseguran que a esa reunión asistieron: el ‘Mono Bedoya’, los Cortina Calanche, miembros de la familia Castro, otros reconocidos opositores en estos procesos, y una mujer, a quien los asistentes identificaron como cercana a ‘Tuto’ Castro, que supuestamente ofreció prebendas, proyectos productivos y otras cosas a quienes apoyaran a este grupo. Luego, se habría citado a una segunda reunión el 5 de abril, para la cual les solicitaron dinero a los ganaderos, con el fin de “atender a los funcionarios” que asistirían.

3. Durante el encuentro en San Ángel, denuncian que circularon volantes firmados por Asocolvirt (asociación nacional de víctimas de restitución de tierras), en los que se lee: “Población de Sabana de Torres y Rionegro, su propiedad, finca o casa está en riesgo inminente de expropiación por el Gobierno Nacional a través de la ley 1448 de 2011 de restitución de tierras; por tal motivo queremos invitarlo a una reunión contra este flagelo”. Según manifestó el director de la Unidad de Restitución, para convocar a las reuniones, se le mostró a la comunidad un mapa desde Magdalena hasta Bolívar, diciendo que Restitución formaría un corredor de 60 mil hectáreas y que sus tierras podían ser intervenidas.

4. En San Ángel intervino el presidente de Fedegán (esposo de la congresista Cabal), quien aseguró que la restitución “no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”.

5. De acuerdo con una nota publicada por Noticias Uno, dentro del público del evento en Sabanas de San Ángel se encontraban el hermano y el hijo de Saúl Severini.

Es necesario recordarle al país que Chibolo y San Ángel fueron el epicentro de la consolidación del proyecto paramilitar en el norte del país y núcleos del despojo a miles de campesinos en esa región, bajo la estrategia de alias ‘Jorge Cuarenta’, sus testaferros y el Incora. Claro que existen algunos casos de segundos ocupantes de buena fe exenta de culpa. En cada uno de esos casos los jueces de restitución están obligados a tomar medidas para proteger los derechos de estos segundos ocupantes. Pero solo son algunos casos, los demás son cómplices de paramilitares que pretenden presentarse como campesinos afectados por la restitución.