–Los industriales colombianos notificaron que están listos para el posconflicto– esto es, la etapa crucial que seguirá a la firma de la paz definitiva con las Farc–, con más de 100 proyectos con 37 empresas y programas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, no solo para darle empleos directos a los desmovilizados sino a las personas vulnerables.

«Esperamos que este número aumente muy pronto a más de 500», complementó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, con relación a la cantidad de empresas vinculadas.

En una declaración que entregó, a propósito de los anuncios sobre el proceso de paz hechos la semana pasada en La Habana, Cuba, el presidente gremial consideró que el acuerdo de “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”, entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, es uno de los hechos más importantes de la historia reciente de Colombia.

«La posibilidad de haber superado una larga etapa de conflicto, sin duda le permitirá al país y a los colombianos alcanzar mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social, pero sobre todo puede ser el gran aporte de nuestra generación para generaciones futuras», dijo MacMaster, quien agregó que el sector empresarial vinculado a la ANDI reafirma su interés de contribuir en el propósito de la paz y de continuar iniciativas como la Estrategia de Competitividad Inclusiva.

Al efecto, recordó los términos del documento “Construir una paz sostenible- Análisis y recomendaciones desde el sector empresarial”, que la agremiación empresarial expidió en mayo pasado y en el cual se consignan algunas de las recomendaciones más importantes, que consideran «deben ser tenidas en cuenta para garantía de una paz duradera, sostenible, estable y legítima».

En el escrito se reseñan 15 temas de orden critico para las negociaciones y que en su concepto pueden hacer inviable la implementación de los acuerdos y citan en primera instancia la selección de los miembros de la Comisión de la Verdad y del Tribunal para la Paz que serán, de alguna forma, garantes de los principios de reconciliación en el país, de la no repetición del conficto y del reconocimiento de las víctimas.

Igualmente la definición sobre el diseño institucional para la implementación de los acuerdos, bajo criterios de unidad administrativa, capacidad ejecutiva, eficacia y transparencia.

Otros de los puntos sobre los cuales hacen énfasis los empresarios son los siguientes:

-La construcción de una sociedad en paz requiere que los actores del conficto armado renuncien al uso de las armas para defender sus ideales y que la arena política esté libre del uso de dineros provenientes de actividades ilícitas.

-La búsqueda de la paz no debe menoscabar el derecho y las garantías que tienen las víctimas a conocer la verdad, a la aplicación de la justicia, a la reparación de los delitos que se cometieron durante el conficto, y a la no repetición del mismo.

-La lucha contra el narcotráfco en toda su cadena debe ser prioridad de las Fuerzas Armadas. En el núcleo del negocio de la coca, se juega gran parte del proceso de implementación de la reforma rural y la seguridad ciudadana.

-En aras de transformar la realidad rural de nuestro país, no podemos promover una política de subsidios permanentes. Por el contrario, requerimos que la economía familiar y campesina se acompañen de la agroindustria.

-El diseño de la institucionalidad, así como de los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación y la fnanciación de los acuerdos de La Habana, son temas tan crítico como la negociación misma.

-La legitimidad final del proceso pasa ineludiblemente por un mecanismo de refrendación.
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Toda la sociedad colombiana debe tener garantías de participación para expresarse libremente sobre el acuerdo final.

Finalmente, como conclusión, los industriales señalan que consideran que la agenda del país debe ser vista de manera amplia e integral en el entendido de que los compromisos del Estado y la sociedad colombiana con las guerrillas, deben ser parte de los temas estratégicos para la democracia, la equidad, el desarrollo, la sostenibilidad y la competitividad del país.

«Por ello, la invitación es que es deber de todos rehacer el tejido social y crear una cultura que privilegie el bienestar general, donde el Estado junto con sus instituciones, cumplan sus objetivos a cabalidad y los particulares lo complementen a través de esfuerzos para el beneficio común. Invitamos a los partidos políticos, los movimientos sociales, trabajadores, la academia, los gremios, la guerrilla en tránsito hacia la democracia y todas las instituciones, organizaciones y ciudadanos, a trabajar juntos para construir una sociedad en paz», concluyen.