Como resultado de la Gran Conciliatón, que se realizó en 14 municipios cundinamarqueses, se atendieron 1.486 casos, de los cuales 694 llegaron a una solución pacífica e inmediata gracias a la iniciativa del ministerio de Justicia, con apoyo de la secretaría de Gobierno de Cundinamarca.

“Junto al ministerio de Justicia, la Cámara de Comercio, todos los entes territoriales que participan de este gran proyecto de conciliación, esperamos que se pueda masificar la iniciativa en muchos municipios, y quizás también, en nuestro campo, en nuestras veredas, que no escapan a los problemas de convivencia. Estamos a disposición de la rama judicial y el Gobierno Nacional para construir estos procesos, apoyar logísticamente y respaldar la gestión en materia de reconstrucción del tejido social”, manifestó al respecto el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

Durante dos días y de manera simultánea, en las casas de Justicia y demás puntos de Cajicá, Cáqueza, Chía, Fusagasugá, Gachancipá, Girardot, Madrid, Mosquera, Puerto Salgar, Sibaté, Soacha, Tocancipá, Villeta y Zipaquirá, los ciudadanos tuvieron la oportunidad, a través del diálogo, de resolver conflictos penales, policivos, de tránsito, civiles y comerciales; familiares, agrarios, ambientales, comunitarios, de propiedad horizontal, de prestación de servicios y laborales.

Uno de los casos que más llamó la atención se presentó en el municipio de Girardot, en el que se logró un importante porcentaje de acuerdos en la Urbanización Valle del Sol, para mejorar la convivencia ciudadana, este proyecto de vivienda de interés social tiene una cuota de administración por el orden de los $3.000. En este conjunto residencial se programaron 129 audiencias de conciliación para realizar acuerdos de pago de cuotas de administración con residentes que se encontraban en mora.

Las conciliaciones que se realizaron de manera gratuita, beneficiaron a más de 4.500 cundinamarqueses, quienes se están ahorrando cerca de $4.650 millones en la solución pacífica de sus conflictos, con el apoyo de los alcaldes, la Gobernación, las inspecciones de policía, la Fiscalía, la Cámara de Comercio de Bogotá y el ICBF, entre otros entidades territoriales.