La solicitud es del brigadier general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec, quien remitió una carta al Ministerio de Justicia en la que expresa su preocupación por la precaria vigilancia a los internos que tienen detención domiciliaria. En la misiva advierte que de los 4.400 dispositivos electrónicos que operan en el país, solo funcionan unos 1.600, por lo que más de 2.500 internos no tendrían vigilancia.

El Inpec dice en el documento que la contratación de ese servicio está a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios -Uspec-, entidad que ha hecho estas contrataciones desde el año 2011 a la empresa Energía Integral Andina S.A., sin que se evidencien mejoras en la seguridad.

El documento del Inpec señala que: «No contempla la renovación de los dispositivos electrónicos, para el monitoreo remoto de los internos continuando con el problema de los contratos 024 de 2011 y 321 de 2014».

Y agrega que «Día tras día los dispositivos de han deteriorado y por tal motivo la decadencia en el monitoreo remoto a los interno, por consiguiente el aumento exagerado de reportes a las autoridades judiciales, por problemas tecnológicos que no se ha subsanado por parte de la Uspec y la empresa contratista».

La Contraloría inició una investigación preliminar con el objeto de determinar por qué la Uspec ha venido contratando el servicio con la misma empresa, sin que se presenten mejoras en la vigilancia electrónica.

Las autoridades entrarán a determinar si existe lugar para adelantar una investigación penal por contratos que cumplen o no con los requisitos legales.