La denuncia la hizo la directora del ICBF, Cristina Plazas, quien detalló una serie de situaciones que van más allá de los incumplimientos administrativos o contractuales con la entrega de alimentos para más de 7.000 niños en La Guajira.

La funcionaria señaló que cuando se ordena cancelar esos contratos, los cuatro operadores amenazan con vías de hecho que empezaron a cumplir.

Plazas dijo que: «Estas cuatro organizaciones están presionando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que los contratemos, están acudiendo a las vías de hecho, se han tomado una vía férrea y lo que les estamos diciendo es que no nos vamos a dejar amedrentar ni presionar porque no vamos a contratar con ellos».

Y agregó que los operadores no hacen la entrega del alimento completo, además no hacen medición de talla y peso, y que encontraron un listado de niños fantasmas, es decir, que sólo estaban en los registros.

Plazas aseguró que: «Son varias las causales de esta denuncia identificamos que no están dando el alimento además la calidad no es la mejor no hay un proyecto pedagógico ni la medición de talla y pesos, por eso los denunciamos y ojalá que muy pronto tengan resultados».

También dejó claro que no van a contratar con estos operadores indígenas y que se prepara una licitación para que otros operadores lleguen y puedan cumplir con este trabajo.

La funcionaria entregó los nombres de los operadores indígenas: Asociación de Autoridades Tradicionales Indigenas Wayuú, Asociación Arrigopine hoy Fundacion Asobuta Sau Wayuú, Fundación Kotirragua y Union Temporar Watwpichin.