La determinación es de la Corte Constitucional, tribunal que anunció este martes que enviará a dos funcionarios a los departamentos de Antioquia y Guaviare para que evidencien tanto la situación de desplazamiento como las acciones que se han adoptado por parte del Gobierno Nacional.

La Corte considera que es preciso conocer de primera mano los informes en los que se espera que se presente el cumplimiento de las órdenes emitidas desde hace 12 años frente respecto a este tema, en la sentencia de la Corte Constitucional.

El alto tribunal había declarado el estado de cosas inconstitucionales en el momento en que se presentó vulneración masiva y sistemática a los derechos de la población vulnerable en esta región de Colombia, que fue víctima del desplazamiento como consecuencia del conflicto armado.

La sentencia de la corte señala que: “Recabar información determinante para el ejercicio de diagnóstico en el que actualmente trabaja, como base para la evaluación del estado de cosas inconstitucional declarado en la materia y a partir de la labor de acompañamiento que han realizado tanto Acnur como la Defensoría del Pueblo».

Con la visita de estos funcionarios se busca visibilizar los impactos que se generan sobre la población como consecuencia de los desplazamientos masivos, además de fortalecer las labores de prevención y el restablecimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas Nukak y Jiw, que habitan la región.