Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sureño estado de Guerrero anunciaron la ruptura del diálogo con el Gobierno mexicano hasta que se produzca la salida del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón.

Con los avances de la investigación que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) ya tiene sobre una de las diligencias emprendidas por el alto funcionario «hay elementos suficientes como para separarlo de su cargo», aseguró este viernes a Efe el portavoz de los familiares de los desaparecidos, Felipe de la Cruz.

La Fiscalía, que mantiene reuniones de manera mensual con los padres de los jóvenes, se había comprometido a que, para la reunión celebrada el jueves, ya «habrían terminado la investigación» sobre dicha diligencia, ocurrida el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan y que no aparece en el expediente, según denunciaron expertos internacionales en su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, la titular de la PGR, Arely Gómez, solo les dijo que desde la institución «encuentran responsabilidad (atribuida al funcionario) pero de manera general, y que todavía falta otro proceso para que pudieran determinar la situación de Tomás Zerón», por los que los familiares se decidieron a abandonar la mesa de diálogo, afirmó De la Cruz.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró a los medios en abril un vídeo sobre la diligencia realizada por Zerón junto a uno de los detenidos en el río San Juan, en el que -según la versión oficial del caso- los miembros del cártel de Guerreros Unidos arrojaron las cenizas de los jóvenes tras quemarlos en un basurero.

Allí fue donde el 29 de octubre de 2014, según el expediente oficial, buzos de la Marina encontraron una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a uno de los 43 jóvenes.

Una foto divulgada por el grupo muestra que esa bolsa fue etiquetada con fecha 28, algo que Zerón atribuyó a un error de la perito responsable de marcar la bolsa.

El funcionario contestó a los expertos diciendo que todo fue «legal» y que se trató de «un acto de investigación policial» previo a «una diligencia ministerial, la cual se desarrolló al día siguiente».

«Para nosotros está claro que (Zerón) forma parte del ocultamiento a la verdad, y mientras él siga al frente de esta dependencia, no confiamos en el trabajo de la PGR», aseveró el portavoz.

Además, los familiares consideran imprescindible que el funcionario esté separado del cargo a la llegada del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de que sus integrantes «no tengan obstáculos como tuvieron los expertos (del GIEI) en su trabajo».

El Gobierno, añadió De la Cruz, «sigue poniendo obstáculos» al mecanismo, a pesar de que ya fue aprobado a principios de este mes tras varias reuniones en los que también participaron los padres de los estudiantes.

En opinión de los padres, el Ejecutivo está «prolongando el tiempo» hasta que se agote el mandato de Enrique Peña Nieto (en 2018), «lo que nos obliga a exigir respuestas más concretas», defendió De la Cruz.

La PGR, por otra parte, presentó a los padres «avances en materia de telefonía y de las acciones de búsqueda con la aplicación de la nueva tecnología ‘lidar'», dijo la institución en un comunicado emitido tras la reunión y en el que no se mencionó la retirada de los padres.

El portavoz de los familiares informó que la tarde del próximo 26 de agosto, cuando se cumpla un año y 11 meses de la desaparición de los estudiantes en Iguala (Guerrero), organizarán un concierto llamado «Voces por los 43» en la explanada aledaña al Estado Azteca de la capital.

Esto para recordar que los familiares siguen «con la exigencia de la verdad y la justicia», mediante diferentes actividades que acerquen a la gente y que no se basen meramente en aspectos políticos.

Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, al ser entregados por policías corruptos a criminales, quienes les asesinaron e incineraron, de acuerdo con la versión del Gobierno cuestionada por familiares y los expertos internacionales que investigaron el caso. Con EFE