–La Sala plena de la Corte Constitucional dejó en firme la condena de 6 años de cárcel para el exministro Diego Palacio Betancur y de 5 años, para el exsecretario general de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez, dentro del sonado escándalo de la «Yidispolítica».

La decisión la adoptó el alto organismo al rechazar las tutelas que interpusieron los procesados, bajo el argumento de que se les había violado el derecho a la defensa en desarrollo del proceso realizado por la Corte Suprema de Justicia.

La votación en la sala plena fue de 6 a favor y 2 en contra.

Palacio Betancur y Velásquez Echeverry fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia al encontrarlos responsables de haber ofrecido prebendas a los congresistas con el fin de obtener su voto para la aprobación de la reelección del mandatario.

La condena al exministro Palacio Betancur, que se produjo en abril de 2015, fue de 80 meses de prisión, multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 112 meses de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. Para Velásquez Echeverry la sentencia fue a 60 meses de prisión, multa de 83 salarios mínimos y a una inhabilidad de 84 meses.

Los dos condenados interpusieron sendas tutelas contra el fallo emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fueron admitidas por la Corte Constitucional en abril de este 2016.

Según los demandantes, la Corte Suprema de Justicia les vulneró su derecho al debido proceso puesto que no fueron valoradas las pruebas presentadas por su defensa en el juicio.

Palacio sostuvo que no contó con un juez justo e imparcial puesto que algunos magistrados de la Sala Penal habían sostenido discusiones con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Este martes, en la sala plena de la Corte Constitucional fue derrotada la ponencia presentada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero, favorable a los demandantes, pues consideraba que no había pruebas fehacientes de las actuaciones irregulares de los exfuncionarios.

Al efecto, el magistrado argumentaba que que si bien dichas prácticas podían tener una connotación de ilicitud y éticamente reprochables, no tendrían connotación penal porque estarían enmarcados dentro del sistema de negociación política en Colombia.

El término de «Yidispolítica» se acuñó por el escándalo político que se desató en abril de 2008, por las declaraciones entregadas por la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina en las que admitió haber recibido el ofrecimiento de dádivas de parte de funcionarios del Gobierno Nacional a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional para la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2004.

En el mismo hecho fue implicado el entonces congresista Teodolindo Avendaño, quien desapareció de la Cámara poco antes de producirse la votación del proyecto en la madrugada del 4 de junio. La iniciativa fue avalada por 18 votos contra 16.