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Parlamento venezolano declara “ruptura del orden constitucional” y llama a la rebelión popular

asamblea-venezuela–En sesión especial, el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, declaró este domingo la “ruptura del orden constitucional” y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro, como consecuencia de la suspensión del referendo revocatorio. Al efecto llamó a una rebelión popular y a la presión internacional para denunciar esta situación.

Según el jefe de la fracción opositora Julio Borges la Asamblea Nacional (AN) asumió su responsabilidad de “restituir la democracia”, que fue violentada por Maduro tras dar “un golpe de Estado” al suspender el camino hacia el plebiscito que venían impulsando, desde hace meses, para revocar su mandato presidencial.

En medio de la sesión especial, un grupo de chavistas irrumpió violentamente al hemiciclo del parlamento venezolano, pero fue controlado por los diputados oficialistas y la Guardia Nacional. Tras el hecho se reportaron por lo menos dos personas lesionadas levemente que fueron tratadas en la enfermería de la Asamblea.

La Asamblea acordó «convocar al pueblo de Venezuela a la defensa activa» de la Carta Magna «hasta lograr la restitución del orden constitucional» y «solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos» para el retorno de la «democracia».

El acuerdo exige también a la Fuerza Armada «no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución».

Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, había señalado que se abordaría la posible apertura de un «juicio político» contra Maduro, el tema no fue discutido.

No obstante, los diputados convocaron a una sesión el martes para evaluar «la situación constitucional del presidente», a quien acusan de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, lo que lo inhabilitaría para ejercer el cargo.

«El pueblo tiene derecho a la rebelión (…) En Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado, que tuvo su culminación al robarle el voto del referendo», dijo el jefe de la bancada opositora, Julio Borges.

La Asamblea determinó entre otras, las siguientes medidas:

Solicitar a la comunidad internacional activación de mecanismos que garanticen los derechos del pueblo.

Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de referéndum revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela.

Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales, a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.

Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes, que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.

Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre, para evaluar y decidir sobre la materia.

Conformar comisión de alto nivel parlamentario para definir decisiones para restituir el orden constitucional.

Exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Convocar al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el art 333 de nuestra Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del orden constitucional.

Dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

REACCION DEL GOBIERNO de MADURO

Según una información publicada por la Agencia Venezolana de Noticias, la Asamblea Nacional (AN), que se encuentra en desacato por incumplir decisiones del Poder Judicial, aprobó este domingo un acuerdo que reedita las premisas del decreto golpista que disolvió todos los poderes del Estado y desconoció la Constitución en el año 2002, cuando la derecha perpetró un golpe contra el comandante Hugo Chávez.

Con el nuevo documento, suscrito por la mayoría de derecha que controla el Parlamento, se pretende romper el orden constitucional, al desconocer no sólo al Presidente de la República, sino también al resto de los poderes públicos mediante maniobras como la destitución de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Además se instiga a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a colocarse al margen de la institucionalidad, a desacatar instrucciones de los poderes Ejecutivo, Elecoral, Judicial y Ciudadano.

La AN prevé también realizar una sesión especial el próximo martes 25 de octubre para discutir «la actual situación de la presidencia de la República», en claro desconocimiento del mandato constitucional del presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado electo democráticamente en 2013.

Esta maniobra ocurre días después que tribunales del país anularan por indicios de fraude la recolección del 1% de firmas por parte de la autoproclamada Mesa de la Unidad (MUD) en siete estados del país, situación que llevó al CNE a suspender el proceso para recabar el 20% de manifestaciones de voluntad para la activación del referendo revocatorio.

Al respecto, el diputado Julio Borges expresó que la AN se encuentra en rebelión contra los poderes públicos y, en esa línea, también promoverá acciones injerencistas contra el país ante instancias como la Organización de Estados Americanos y la Corte Penal Internacional.

El trasfondo del plan, que la derecha presenta como una vía para «restituir» el orden constitucional, fue desvelado por diputados como el periodistas y profesor universitario Earle Herrera, quien advirtió que la oposición busca restaurar un modelo neoliberal y que por eso rememoran el mismo guión utilizado durante el golpe de Estado de abril de 2002.

Con relación a la nueva pretensión insurreccional, el jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, subrayó que el pueblo no permitirá que en Venezuela se perpetre un golpe parlamentario como los ejecutados en otros países de América Latina.

La derecha, indicó el parlamentario, aspira a dar un golpe «como se dio en Honduras, Paraguay y Brasil pero nosotros no somos Honduras, Paraguay y Brasil. Aquí hay un pueblo organizado, hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un pueblo valiente respetuoso de la Constitución» que defenderá al presidente Nicolás Maduro.